Aunque apela a un propósito "constructivo", la Xunta ha entregado al Gobierno central un informe con sus alegaciones muy crítico con el proyecto de reforma de la administración local. Los puntos de desencuentro son muchos y de calado y el Ejecutivo gallego ha optado por ponerse de parte de los alcaldes. Así, en contra del criterio del Ministerio de Hacienda, reclama un sueldo para todos los alcaldes -la previsión es que los regidores de concellos de menos de 1.000 habitantes no tengan remuneraciones- y el doble de las cuantías propuestas por Hacienda para el resto de regidores; exige un núcleo mínimo de competencias municipales intransferibles; lamenta el papel protagonista de las diputaciones; demanda mayor financiación del Estado para garantizar la calidad de los servicios; y propone dar prioridad a la cooperación y fusión municipal como alternativa al traspaso de servicios y competencias de los concellos a las diputaciones.
Las alegaciones de la Xunta, 34 en total, recogen en buena medida las ya avanzadas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Y visto las discrepancias que han surgido, el Gobierno gallego considera "imprescindible" alcanzar un "concierto previo" entre todas las administraciones por el alcance que tiene la reforma.
El proyecto de Hacienda pretende dejar sin remuneraciones a los alcaldes de concellos de menos de mil habitantes -hay 22 en Galicia- y establece unos máximos para el resto en función de la población. Pero esta propuesta no es del agrado de la Xunta, que reclama un sueldo para todos los regidores, sin excepción. Para los alcaldes de los concellos de menos de 2.000 habitantes sería equiparable al de un jefe de sección de la Xunta (34.000 euros). Para los de entre 2.001 y 5.000 habitantes, 40.000 euros (como un jefe de servicio de la Xunta); para los de entre 5.001 y 20.000 vecinos, 47.000 euros (subdirector xeral); para los de entre 20.001 y 50.000 habitantes, 52.000 euros (director xeral) y para el resto, 59.000 euros (como un conselleiro).
Aunque no es el caso de Galicia, también discrepa con los sueldos previstos para las ciudades más grandes por "excesivos", ya que podría darse el caso de tener una remuneración más elevada que el presidente de su comunidad autónoma.
Personal eventual
Tampoco está de acuerdo con fijar un número máximo de dedicaciones exclusivas para los concejales y de personal eventual, así como con su reducción de forma abrupta el 30 de junio de 2015. La Xunta plantea que el límite debe fijarse no en número sino en porcentaje de gasto y que el ajuste de personal debería hacerse al agotar el mandato.
En consonancia con la ideas de la Fegamp, el Gobierno gallego también se opone a que los ayuntamientos más pequeños puedan quedar "vacíos" de competencias, pues la reforma prevé que cuando no se puedan realizar con una calidad mínima -con criterios que definirá Hacienda-, estas pasarán a las diputaciones. Para evitarlo, la Xunta exige que se defina una "núcleo irreductible" de servicios mínimos competencia exclusiva de los concellos que no se pueda transferir, salvo que el propio ayuntamiento así lo decida libremente.
Para calcular el "coste estándar" de los servicios, lo que definirá cuáles no pasan el corte y se deben traspasar a las diputaciones, la Xunta demanda que en el caso de Galicia se tenga en cuenta su dispersión, envejecimiento poblacional y orografia.
Las discrepancias con Hacienda también alcanzan a la obligación de que las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes en servicios sociales y mantenimiento de centros de salud y de colegios se traspasen a las comunidades. Si ha de ser así, el Ejecutivo autonómico demanda que se establezca con claridad cómo debe ser el proceso y que además vaya acompañado de una mayor financiación por parte del Estado. Pero la Xunta no cree que sea una buena opción. Asegura que el modelo actual de servicios sociales, por su proximidad al ciudadano, funciona ya correctamente en Galicia. Y en cuanto a la gestión de los centros de salud y colegios, expresa no solo sus dudas de que se pueda mejorar, sino que advierte que conllevará un incremento del gasto ante la necesidad de contratar más personal por parte de la Administración autonómica y los costes asociados a la rescisión de los contratos vigentes que tienen los concellos.
