Blanco solo dimitirá si el Supremo abre un juicio contra él por tráfico de influencias

La Fiscalía pide al juez que procese al diputado del PSOE por favorecer a un empresario cuando era ministro de Fomento - No le acusa de cohecho al no encontrar pruebas de que recibiera 200.000 euros de Dorribo

13.03.2013 | 07:42
El diputado del PSOE José Blanco, ayer durante su rueda de prensa en el Congreso. // Efe/Chema Moya
El diputado del PSOE José Blanco, ayer durante su rueda de prensa en el Congreso. // Efe/Chema Moya

El futuro político de José Blanco se resolverá en breve, después de que el fiscal haya solicitado al juez que instruye en el Tribunal Supremo el caso Campeón que pida al Congreso el levantamiento de su condición de aforado y lo juzgue por un presunto delito de tráfico de influencias por haber agilizado la tramitación de una nave industrial para un amigo empresario, gestión negada por el exministro. No incluye la acusación de cohecho, que fue la que arrancó la investigación contra el exministro, después de ser acusado por el empresario Jorge Dorribo de haber recibido 200.000 euros.

Blanco anunció ayer que pedirá al Congreso que apoye el suplicatorio del juez si se produce. Solo si este abre un proceso contra él, abandonará su escaño en la Cámara Baja.

La Fiscalía del Supremo envió al juez un escrito en el que imputa a Blanco un delito de tráfico de influencias "y, en su caso, de prevaricación" porque, tras 15 meses de instrucción, considera que el entonces ministro de Fomento y número dos del PSOE medió para favorecer la concesión de una licencia a la empresa Azkar, de la que formaba parte José Antonio Orozco, por parte del ayuntamiento de Sant Boi y, posteriormente, de las autoridades aeronáuticas, por hallarse la nave cerca de la terminal barcelonesa.

El exministro reconoció ayer su "amistad" con Orozco y que preguntó por la "situación de expedientes administrativos". "Pero ni influí ni presioné ni conocía al alcalde de Sant Boi", alegó sobre la sospecha del fiscal de que, a través de un alto cargo de Fomento, terció ante el regidor, también socialista, para solventar los problemas de la licencia de la nave de Azkar. "Sería normal que un ministro de Fomento se interese por el retraso de un expediente de un proyecto del que dependían 400 puestos de trabajo", añadió.

El caso de Eurovegas

Más tarde, en la Cadena Ser añadió un argumento para defenderse aludiendo al macrocomplejo de casinos proyectado en Madrid, bajo gobierno del PP.

"Si lo mío se considera tráfico de influencias, me pregunto qué es Eurovegas. ¿Es lícito dejar en suspenso todas leyes para que un empresario monte sus casinos porque crea puestos y Fomento no puede interesarse por el retraso de unos expedientes vinculados con el transporte?", se preguntó.

Durante los interrogatorios, el técnico municipal del ayuntamiento catalán negó presiones de Blanco e incluso el regidor, Jaume Bosch, negó conocerlo, como recordó ayer Blanco, que no ocultó su malestar por el hecho de que después de 15 meses de instrucción aún no se haya cerrado esa fase. Quedan varias alegaciones de su defensa por resolver. Varias de ellas se refieren a las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), en su opinión sin las necesarias autorizaciones judiciales. Ayer fue más allá. "Solicité que se aparten de la investigación informes al margen de las autorizaciones judiciales, muchos de los cuales retuercen la verdad para generar dudas", espetó.

El proceso ahora queda en manos del juez instructor del caso, que puede aceptar la petición de la fiscalía o no. En todo caso, ese hipotético juicio no analizaría las acusaciones que abrieron la investigación a Blanco: el presunto pago de 200.000 euros por parte del empresario Jorge Dorribo en una gasolinera de Guitiriz, desembolso del que las pesquisas no han hallado rastro, si bien sí han rastreado la retirada de esos fondos de las empresas de Dorribo para hacer frente a sus deudas. "Nunca recibí dinero de Dorribo", insistió ayer Blanco, que recordó que ese presunto cobro "no se ha podido probar".

El empresario, presunto cerebro de una trama que salpicó a varios cargos del Igape, acusó al entonces ministro de cobrar por interceder ante otros ministerios y lograr contratos y permisos por parte del Ejecutivo de Zapatero. La empresa de Dorribo no los logró.

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