El presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, anunció ayer que la institución presentó el pasado 4 de marzo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el decreto del plurilingüismo promovido por el Gobierno autonómico, ya que lo consideran "gravemente lesivo para a nosa lingua", además de "retrógrado en la legislación vigente de la normalización de nuestro idioma".

El recurso trata de impugnar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló parte de dos de sus artículos. El dictamen afectó tan solo a la consulta vinculante a los padres sobre el uso del idioma y la libre elección de este en las aulas por parte de los alumnos, sin afectar a otros apartados, por lo que la Academia reclama ahora la "anulación total" de un decreto que denominó como el de la "discordia".

Méndez Ferrín explicó ayer que la institución "tomou o acordo unánime" de presentar el recurso el pasado día 4, después de que la Xunta presentase, con fecha de 14 de diciembre de 2012, un escrito de preparación de casación que ratificó siete días después. El presidente de la RAG indicó que hasta agotar el plazo para presentar el recurso, la Academia esperó "una reacción" por parte de la Administración autonómica y que, al no producirse un "diálogo" sobre la posibilidad de modificar el decreto con el fin de que "servise realmente para a normalización do idioma galego", la institución se vio en la obligación de recurrir en casación pidiendo la anulación total del decreto. "Entendemos que o bo para Galicia e para o noso idioma é a volta a situación anterior, senón a volta a situación anterior mellorada", argumentó ayer.

Ferrín dio como motivos que, antes de que comenzase la elaboración del decreto, la RAG le solicitó a la Xunta poder ejercer sus funciones institucionales de defensa y promoción del gallego, emitiendo el correspondiente informe preceptivo y no vinculante. "Infelizmente a Xunta impedíu que a RAG participase na elaboración deste decreto, o que nos obrigou a reivindicar de xeito legal a defensa do idioma, que é a única razón de ser desta Academia", señaló el presidente.

Además, recalcó que la Academia defendió que se actuase con el mayor grado de acuerdo posible, recuperando consensos anteriores logrados en el Parlamento gallego, como el Plan de Normalización. "Teño saudade dos tempos nos que había consenso sobre o galego. Agora hai disenso, e non só no parlamento, tamén na rúa", lamentó Ferrín.

El presidente da RAG advirtió de que mientras la situación del gallego sea de inferioridad, "como ocorre de xeito evidente", la institución entiende que todos los poderes públicos "teñen a obriga constitucional, estatutaria e legal de promover con políticas activas a súa normalización". En ese punto, aseguró que "o sistema educativo é decisivo" para lograr la normalización del gallego. En este sentido, recalcó que el decreto de la Xunta es un "paso atrás" y esta, con independencia del partido que la dirija, "ten a obriga de impulsar a recuperación efectiva do idioma". "Parece que o obxectivo de algunhas persoas é deixar que o galego se afunda e vale máis que o Pórtico da Gloria", añadió Ferrín.

El presidente da RAG concluyó realizando una nueva llamada al esfuerzo colectivo para la recuperación del consenso "no que é algo máis que un sinal de identidade do noso país", y aseguró que el recurso está destinado "a imprimirlle un novo rumbo á política cultural en Galicia".

Tanto Ferrín como los outros académicos presentes, entre ellos Manuel González, tesorero de la institución, manifestaron en varias ocasiones su deseo de "retirar o recurso e sentarse a falar" con el Gobierno autonómico.

La Consellería de Cultura e Educación "respecta" la decisión de la RAG de recurrir ante el Supremo y, ante la oferta de retirarlo e iniciar un diálogo para regresar al consenso lingüístico, el departamento dirigido por Jesús Vázquez descarta que la Xunta fue "a primeira en tenderlle a man aos grupos políticos, ás institucións e aos demais axentes sociais co fin de sacar a lingua do debate político diario". Esta propuesta parte del ofrecimiento del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de abandonar la interposición del recurso por parte de su administración a cambio de aceptar el decreto tal y como lo fija la sentencia do TSXG, por lo que Educación esperará a agotar el prazo, hasta el viernes, para decidir si recurre al Supremo una sentencia, que recuerda, "valida o 95% da norma".