El proceso judicial de la ayuda a domicilio en Ourense llega a una fase de ebullición. La investigación por presuntos delitos como falsedad documental o prevaricación en la anterior contrata del servicio municipal privatizado de ayuda a domicilio llevará finalmente al juzgado en calidad de imputada a la edil de Benestar Social y teniente de alcalde del Concello de Ourense, la socialista Marga Martín. El magistrado que lleva la causa, Antonio Piña, ha citado a declarar a la concejala el próximo día 27 de marzo, en plena Semana Santa.
La edil será interrogada por las sospechas delictivas en la relación económica con la empresa y sobre la existencia de dos facturas presuntamente falsas, de en torno a 236.000 euros, que el grupo de oposición de Democracia Ourensana (DO) denunció por la vía penal iniciando así la causa.
Las comparecencias comienzan ya el próximo miércoles con la citación de las primeras dos imputadas, M.R., la exjefa de servicio de Benestar Social, la funcionaria que debía comprobar que la facturación fuera correcta, y C.F., una técnico de administración general que pasó de la concejalía de Martín al de Personal de la edil no electa Carmen Dacosta.
La concejala Marga Martín era la persona responsable de la firma política de las facturas, según la propia terminología que utilizó el interventor municipal en su declaración en calidad de testigo el pasado 27 de febrero. Comprobar que el contenido de la factura fuera correcto, reiteró el interventor, correspondía a la concejala Marga Martín, quien daba la conformidad con la tramitación.
En última instancia, la aprobación de las facturas mediante decreto, el último paso del proceso, era competencia de la Concejalía de Hacienda. El actual alcalde, Agustín Fernández, gobernaba entonces ese departamento.
El magistrado está indagando si existió una doble contabilidad continuada de la firma y la explicación de la facturación mensual del servicio según el precio y las horas realizadas. Una extrabajadora de la empresa aludió a una doble facturación con aportes de hasta 9.000 euros.
También ayer se conoció otra imputación contra otra concejala del equipo de gobierno del Concello de Ourense. Se trata de la edil de Urbanismo, Áurea Soto, de quien el juez sospecha que pudo incurrir en un delito de prevaricación por la licencia concedida a una plaza que cuenta con un parking subterráneo.
