No se puede reformar la universidad si no se les da oxígeno económico. Ésa fue ayer la demanda unánime de los rectores al ministro de Educación, José Ignacio Wert, con quien abordaron las propuestas elaboradas por el comité de expertos para introducir cambios en el funcionamiento y financiación de las universidades. Los responsables de las instituciones académicas defendieron que "a la vez" que se negocia esta reforma el Gobierno debe resolver los problemas financieros y la limitación de las plantillas que sufren las universidades.

"Lo que más nos preocupa y ha sido el gran debate de hoy es la situación actual en la que estamos inmersas las universidades españolas: todas estamos con problemas financieros y con una necesidad sobre todo en lo referente al profesorado", declaró ayer la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, tras una asamblea extraordinaria entre los responsables de las instituciones universitarias que duró más de tres horas.

A continuación, los rectores se reunieron en el consejo de universidades con el ministro de Educación, quien se mostró abierto a abrir un diálogo y crear un grupo de trabajo para abordar la reforma universitaria.

Las propuestas -formuladas por un comité de expertos que ha dirigido la catedrática Teresa Miras Portugal- no gustan a los rectores gallegos que denuncian que se vulnera la autonomía universitaria. Esta reforma introduce cambios en los órganos de gobierno de las universidades, como que, por ejemplo, el rector no será elegido como hasta ahora, sino designado por el consejo de la universidad, en el que el Gobierno autonómico podrá nombrar hasta el 25 por ciento de los representantes. También habrá cambios en la financiación universitaria que se vinculará a resultados, como ya se hace en Galicia, y se introducirá la figura del mecenazgo.

Wert se mostró ayer dispuesto a buscar el consenso en torno a estas propuestas. Para ello, se comprometió a analizar otras "actuaciones adicionales" a las planteadas en el informe y revisar si las iniciativas planteadas por los expertos son "las más adecuadas o existen alternativas que las mejoren".

Entre los objetivos del grupo de trabajo que se creará entre universidades y ministerio también estará buscar los "mecanismos normativos" necesarios para sacar adelante las medidas contenidas en la reforma.

Según informan desde Educación, paralelamente a este diálogo abierto con las universidades el ministerio también entablará negociaciones con las comunidades autónomas, los representantes del personal y los estudiantes.

En relación a las medidas contenidas en el informe elaborado por los expertos, la presidenta de la CRUE explicó que alguna de las propuestas son "aceptables y comprensibles" pero otras son "muy difíciles de llevar a la realidad en estos momentos", tanto jurídica como financieramente.

La prioridad, en opinión de la representante de los rectores, es solucionar la limitación que existe en la renovación de las plantillas por cuestiones presupuestarias y por la exigencia de cumplimiento del déficit cero.

"Esto impide que demos la mejor prestación que debíamos de dar y, por lo tanto, lo que pedimos de alguna manera y forma al Gobierno es que se tenga en consideración y que volvamos al menos a la situación de partida si queremos volver a asumir cualquier tipo de reforma", demandó Adelaida de la Calle.

Según explicó, las universidades podrán asumir reformas siempre y cuando se solucionen estos problemas económicos que, en su opinión, están perjudicando al sistema universitario español. A partir de esta premisa, los rectores se mostraron dispuestos a negociar con el ministerio la reforma porque, tal y como asumieron, es "conveniente".