Por no tener en cuenta las particularidades de Galicia, vulnerar la autonomía local y también las competencias de la autonomía, los alcaldes gallegos dicen no a la reforma local cocinada por el Ministerio de Hacienda. No solo rechazan el protagonismo que el Gobierno pretende dar a las diputaciones -que además de asumir las competencias de aquellos municipios en número rojos podrán intervenir a los de menos de 5.000 habitantes- y el refuerzo de los interventores, que pasarán a depender de Hacienda, sino que se oponen a que las comunidades les quiten los servicios sociales, tal y como recoge el borrador de la normas. En sus alegaciones al texto, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclama un nuevo modelo de financiación local, una revisión y ampliación de la cartera de servicios actual con independencia de su población.

Los regidores de PP, PSdeG y BNG insisten: "Sin una adecuada financiación será imposible la prestación adecuada de los servicios públicos locales". Una conclusión que también puede aplicarse a las tablas salariales que propone Hacienda, que limita a 21.000 euros anuales la retribución de los alcaldes de municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes; a 14.000 a los de ayuntamientos de entre 1.000 y 2.000; y deja sin sueldo a los de menos de 1.000. En las alegaciones aprobadas ayer por unanimidad por la comisión ejecutiva de la Fegamp, los alcaldes proponen "como punto de partida" homologar las retribuciones de los regidores a las existentes para la función pública en las respectivas comunidades. A modo de ejemplo citan que para los municipios de menos de 2.000 vecinos "podrían ser las correspondientes a una jefatura de sección en la comunidad", en torno a 34.000 euros en Galicia.

Los alcaldes gallegos reiteran en el texto de alegaciones que mañana presentará su presidente, José Manuel Rey Varela, en la Federación Española de Municipios y Provincias, que "deberá ser la FEMP quien elabore, en colaboración con las restantes asociaciones o federaciones municipalistas, una tabla retributiva para los miembros de las corporaciones locales de carácter general" y "al margen de cual sea el número de habitantes del municipio".

El asunto de los salarios es el último punto de las alegaciones, centradas en la delimitación y concreción de las competencias municipales, la racionalización de las estructuras administrativas y las iniciativas de intervención y control. "Queda claro que los alcaldes gallegos tienen más preocupaciones que sus sueldos", destacó Rey Varela, también alcalde de Ferrol.

Los alcaldes ponen sobre la mesa la necesidad de delimitar de manera definitiva el rango competencial local y, así, se remite a los acuerdos que en este mismo sentido recogía el Pacto Local suscrito con la Xunta en 2006: "Todos los ayuntamientos deben tener un mínimo competencial propio, al margen de su población y sus características, ya que lo contrario sería tanto como admitir la existencia de ayuntamientos sin administración".

Sobre los servicios mínimos piden ampliarlos a cuestiones como la promoción cultural, la prestación de los servicios sociales comunitarios o el impulso de actividades económicas.