Afectados por las participaciones preferentes y deuda subordinada de Vigo acusan a la Xunta de "cómplice de la estafa", pues en el folleto informativo que las entidades ofrecían a sus clientes para venderles este producto se aseguraba que la operación tenía "la autorización administrativa previa de la Xunta".

Un grupo de afectados volvió a concentrarse ane la sede de la Xunta en Vigo, donde presentaron un escrito en el que exigen al Gobierno gallego "que investigue" quiénes fueron en la Xunta los responsables de autorizar las emisiones de estos productos, así como el cese de la gerente del Instituto Galego de Consumo, María Jesús Muñoz, entre otras razones, porque "hace cuatro meses se comprometió a ofrecer datos del arbitraje que aún no ha facilitado".

Finalmente, los afectados solicitaron una reunión a la delegada territorial de la Xunta, María José Bravo Bosch, a la que pedirán que el Gobierno gallego "pelee" por ellos, para corregir el memorándum enviado a Bruselas y "quede claro" que los afectados "no son inversores" y se les debe devolver la totalidad de sus ahorros.