-Facturas sin IVA, operaciones con parte en negro, no declaración de pisos en alquiler... ¿El defraudador tiene poco miedo a ser pillado y falta repudio social ante el fraude fiscal?

-Falta repudio social. Hasta hace años no había percepción social de la gravedad que suponía el fraude social, pero no solo por parte de los ciudadanos sino también por las instancias judiciales etc. El panorama a raíz de la crisis ha cambiado. Observo cada vez una cada vez mayor concienciación de los órganos judiciales en la gravedad de este tipo de delitos.

-¿En qué se traduce?

-En condenas más duras. Los jueces dictan sentencia no solo con la ley sino que también son permeables a la sociedad. Esa general laxitud con el fraude fiscal se trasladó también al poder judicial. Eso está cambiando en la sociedad y en los órganos judiciales. Aduanas llega hasta dónde puede, luego hace falta el complemento reproche social y del poder judicial en esta lucha. Es imprescindible.

-¿La crisis ha aumentado los delitos de fraude fiscal?

-La crisis ha aumentado la percepción social de la gravedad de eso. El fraude fiscal está relacionado con actividades económicas boyantes. En época de crisis, la posibilidad de cometer fraude inmobiliario disminuye.