Hace solo una semana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hacía pública su renta y los conselleiros desvelaban su patrimonio. De la misma manera los diputados del Parlamento publicarán sus bienes y las Diputaciones de Ourense y Lugo también se comprometieron a seguir la estela del Gobierno gallego sacando a la luz el capital de cada uno de sus miembros. Solo las corporaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra se resisten. Y ayer el jefe del Ejecutivo gallego les lanzó un mensaje: "La Xunta fue la primera en publicar su patrimonio. A partir de ahí cada institución que interprete adecuadamente lo que yo pienso que se debe hacer".

Él presidente de la Diputación de Pontevedra condiciona la publicación de su declaración de la renta y la de sus compñaeros a la aprobación de "un mecanismo legal que afecte a todos los servidores públicos". En A Coruña ni siquiera se ha abierto el debate.

Sin embargo, en un momento en el que la corrupción empaña cada vez más a la clase política, Feijóo decidió abanderar la transparencia convirtiéndose en el primer presidente de la Xunta que hace públicas sus declaraciones de la renta.

Además de mostrarse crítico en el caso Bárcenas, el jefe del Ejecutivo gallego se ha propuesto "extirpar" la corrupción de la política, tal y como dijo en el Parlamento, y ayer, tras el Consello de la Xunta, insistió en esta idea. "El que meta la mano en la caja, se va", declaró.

Aún así, en alusión a la situación que atraviesa el Concello de Santiago, donde acaba de dimitir un concejal por su implicación en la operación Manga mientras el alcalde y otra edil siguen imputados en la Pokemon, el presidente del Gobierno gallego advirtió que no está dispuesto "a condenar a nadie". Lo primero, según dice, es "pedir explicaciones".

Feijóo ya había dado un toque de atención al Concello de Santiago cuando la jueza Pilar de Lara ordenó la detención del concejal de Tráfico, Albino Vázquez, a mediados de febrero. "La situación en Santiago no es normal", había advertido.

Y ayer tuvo que volver a pedir explicaciones tras las informaciones que apuntan a que otro edil santiagués pudo falsificar facturas para que una asociación vecinal pudiese cobrar subvenciones. "Se necesita una explicación otra vez, explicación de cúal es la situación, de dónde salieron esas facturas, de si se pagaron total o parcialmente", demandó. "Exijo explicaciones y actuaciones contundentes y le corresponde darlas tanto al concejal o los concejales afectados como al propio alcalde de Santiago", insistió. Según dice, estará "muy atento" y cuando se dén las aclaraciones que demanda "actuará conforme a lo que corresponda".

En todo caso, el presidente de la Xunta se mostró convencido de que el alcalde "sabrá mantener la gobernabilidad del concello" y lanzó sus sospechas sobre las adjudicaciones del anterior gobierno bipartito de Santiago a la empresa Aquagest. "Fueron los mayores contratistas en legislaturas anteriores. Quince millones contratados frente a cero euros contratados por el actual concello", cifró.