Decenas de notificaciones de sanciones urbanísticas salen cada semana de la Xunta. Los técnicos de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, peinan desde 2008 cada nueva vivienda o nave que se levanta en la comunidad. Si la obra carece de licencia o carece del correspondiente permiso administrativo o ha sido levantada en suelo rústico no edificable o en no edificables de la costa, el propietario ya no goza de la impunidad que durante décadas amparó a los infractores. En el mejor de los casos, los dueños solo tendrán que rascarse el bolsillo, pero para los más graves a la notificación de la multa le sigue la excavadora para derribar la vivienda o nave ilegal. En los últimos cuatro años, el Ejecutivo de Feijóo a través de la APLU ha abierto más de 170 expedientes sancionadores y más de 1.200 multas coercitivas por un importe total que supera los 24 millones, según datos de la Consellería de Medio Ambiente.
