La Xunta se propone poner coto a la disciplina municipal del 'vai facendo'. En los últimos cuatro años, la Consellería de Medio Ambiente abrió un total de 881 expedientes de reposición por construcciones pese a carecer de licencia, 192 de ellos el año pasado. O lo que es lo mismo, cada mes fueron paralizadas una media de 18 obras ilegales en suelo rústico.
La Lei do Solo de 2002 exige que cualquier obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley resultó demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo decidió en 2009 impulsar una reforma para dar a los ayuntamientos más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede o no hacer dentro de su término municipal.
Esta reforma dio vía libre a los concellos para aprobar obras menores como naves o establos sin necesidad de autorización autonómica previa. Y a la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores, que requieren proyecto técnico completo, solo cuenta el plazo municipal de tres meses, eliminándose el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En su día, esta modificación fue cuestionada por los fiscales gallegos, que en declaraciones a este periódico advirtieron del peligro que supone dar más responsabilidad a los concellos en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
