Hasta el momento, al menos ante la Xunta, no existen en Galicia peticiones para la búsqueda de gas no convencional a través de la polémica fractura hidráulica. El fracking, todo un fenómeno en la estrategia energética norteamericana, que cruzó ya el charco hasta varios países europeos, también en algunas comunidades españolas, en medio de una enorme protesta de organizaciones ecologistas y organismos públicos por el daño que la técnica puede suponen tanto en el entorno como en la población. Pero el Gobierno gallego tenía una "apuesta decidida" para analizar la viabilidad de este tipo de explotaciones del llamado shale gas, como el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, reveló en unas jornadas a mediados del pasado año. "Estamos preparando las bases", aseguraba, en referencia a posibles localizaciones para "estos nuevos almacenamientos". El temor del impacto es tan relevante que ayer en el Parlamento consiguió lo que pocas veces sucede. La unanimidad de los cuatro partidos con representación para frenar la llegada de la técnica a Galicia "mientras no se garantice la seguridad y la inocuidad para el medio ambiente y las personas, de acuerdo con la legislación básica que se desarrolle". Solo Cantabria hasta ahora lo impide por ley.

Con esta iniciativa, la totalidad de los diputados gallegos instan a la Xunta a imponer una moratoria. La intención inicial de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), de quien partió la proposición no de ley, era lograr su prohibición total, apelando, según Antón Sánchez, a los "riesgos" y "efectos devastadores" que informes internacionales y entidades europeas señalan. "Es una técnica insostenible y peligrosísima", advertía en la comisión de ordenación territorial, obras públicas, medio ambiente y servicios. El PPdeG coincide en la necesidad de mantener "cautelas" ante la fractura hidráulica. "La Xunta entiende que no está madura", sostenía el diputado Daniel Varela, que confirmaba que en San Caetano no hay ninguna petición y que el Ejecutivo autonómico "no está en aras de utilizarla". Los populares presentaron una enmienda de sustitución para cambiar el veto definitivo que pedía AGE por el condicionante de comprobar los efectos reales del fracking y fue transaccionada.

"Si en algún momento se demuestra que no hay peligro, será una posición que siempre se pueda revisar", sostiene Ana Pontón, del BNG, partidaria de una reacción "clara y contundente" ante una técnica "muy peligrosa". "Las pérdidas serían irreparables para la ganadería y el turismo", añade Patricia Vilán, del PSdeG.

Desde la irrupción del fracking en el país, donde existen varias concesiones para investigar en Burgos, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Navarra y Cádiz, la plataforma empresarial Shale Gas España se apuraron a negar la existencia de ese impacto en el medio ambiente, pese a la fuerte inyección a presión que se lanza sobre el subsuelo -un componente de agua, arena y cerámica- para agrandar las fracturas que existen entre las rocas que encierran gas. Uno de los principales problemas que se plantean es la repercusión en los acuíferos, muy abundantes en Galicia, y, por lo tanto, en el abastecimiento de agua para la población.

Pero la UE habla de "repercusiones inevitables". La presión sobre el suelo supone "un alto riesgo, si no se utiliza bien", como consta en un reciente informe encargado por el Parlamento Europeo. En Holanda, donde estos días se vive con especial repercusión todo el fenómeno por su posible contribución a los terremotos, el ministro de Economía rechaza el freno del fracking, con 11.500 millones de euros para las arcas del país al año. "Debo prolongar la inseguridad ciudadana un año más", aseguró Henk Kamp.

Pensilvania, Estados Unidos, la zona cero - Le llaman El Dorado. Con lo que es muy fácil hacerse una idea de hasta qué punto el gas no convencional despierta interés en el sector energético. En Estados Unidos es un auténtico furor. El fracking figura como objetivo estratégico con el argumento de que así el país puede reducir sus importaciones y la dependencia exterior con el petróleo, mientras desarrolla su ambiciosa apuesta por las renovables. El supuesto ahorro por cada familia al año en la factura de la luz supone unos 1.000 dólares. Hay hasta 2.000 pozos operativos con el estado de Pensilvania como referencia.