El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), Miguel Angel Cadenas, ha admitido este jueves que existe "un problema social subyacente" en los desahucios, pero, centrándose en el caso de la octogenaria coruñesa sobre la que pesa una orden de desahucio que se ha pospuesto gracias a la presión social, ha recordado que "nadie" puede "elegir" qué leyes cumplir.

"Estamos hablando de ejecutar una sentencia firme y eso, en un Estado de Derecho, es algo habitual, normal y obligado", ha recalcado, tras ser preguntado al respecto en la presentación de la edición 2013 de la 'Guía de peritos judiciales'.

Así, tras pedir que se desligue "el problema legal" del "judicial" y del "social", ha incidido en que "el poder judicial tiene por función constitucional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". "Y en este caso, se trata de ejecutar una sentencia firme", ha añadido sobre la "demanda de desahucio" por "impago" que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial.

Por ello, Cadenas ha indicado que "no es posible exigir de un órgano judicial" que paralice este desalojo, porque ese "problema social subyacente" es "ajeno realmente a lo judicial". En este punto, ha recordado que el juzgado ya "dio cuenta de la situación de esta señora a los servicios sociales del ayuntamiento".

"La ley nos vincula a todos"

Y es que, como ha insistido en su argumentación, "en un Estado de Derecho, nadie puede elegir la vinculación a la ley". "La ley nos vincula a todos, todas las leyes, mientras estén en vigor", ha abundado, para finalizar explicando que no existe el "derecho a elegir" qué normativas cumplir o ignorar.

No sólo ha extendido este principio a la comisión judicial encargada del desahucio sino también, como ha dicho al ser cuestionado al respecto, a los distintos cuerpos que han de colaborar en los desalojos, desde la Policía hasta los Bomberos.

Suspensión del desahucio

No obstante, ha dejado claro que "no es responsabilidad" de la citada comisión "realizar un acto de desalojo" cuando existe "riesgo para su propia integridad física o de las personas que están allí reunidas".

"Lo que tiene que hacer en esos casos es suspender y viabilizar que el acto judicial de ejecución de una sentencia se realice con la debida seguridad y garantía para todos los que intervengan en ese acto", ha concluido el presidente del alto tribunal gallego.