El Gobierno español al final no reducirá el número de ediles, como se llegó a plantear, lo que suponía en Galicia 800 concejales menos. Pero recortará el número de ediles con dedicación exclusiva y de asesores y a partir de ahora será quien fije los salarios de alcaldes, presidentes de diputaciones, ediles y empleados públicos de la Administración local. Lo hará cada año en los Presupuestos Generales del Estado, y según criterios de población. El primer tope salarial que establece para los regidores, no más que un secretario de Estado (100.000 euros brutos al año) para los municipios más grandes, es superior al previsto inicialmente (68.000 euros, el sueldo sin complementos de un secretario de Estado), y en consecuencia ningún alcalde de gran ciudad en Galicia deberá tocar sus retribuciones. Tampoco tendrán que revisar su remuneración los máximos responsables de los entes provinciales.

Los primeros ediles de poblaciones entre 150.000 y 300.000 habitantes podrán cobrar un máximo de 80.000 euros, un 20% menos que el salario del secretario de Estado. En esta franja están el regidor de Vigo y el de A Coruña, Abel Caballero y Carlos Negreira, y ambos con una retribución anual de 65.220 euros están por debajo del límite.

Los alcaldes de Pontevedra, Santiago, Ourense y Lugo también podrán mantener sus salarios porque no sobrepasan los 75.000 euros de máximo establecido para las poblaciones entre 75.000 y 150.000 vecinos. De este grupo el que más cobra sin superar el tope es el regidor ourensano Agustín Fernández (67.800 euros), seguido del de Lugo, Xosé López Orozco con 66.881 euros anuales, Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra con 63.831 euros. El más austero es el alcalde de Santiago, Ángel Currás, que percibe al año unos 58.600 euros. Para casos como el del regidor ferrolano el salario máximo está en los 65.000 euros porque se le aplica una reducción del 35% en comparación con la retribución del secretario de Estado, pero su sueldo ronda los 44.000 euros.

Las Diputaciones

El Gobierno central también ha decidido que los presidentes de las diputaciones tendrán un límite por todos los conceptos retributivos "igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia". El de Pontevedra y el de A Coruña, Rafael Louzán y Diego Calvo, perciben 71.593 euros, cada uno, mientras que el de Ourense, José Manuel Baltar, y el de la Diputación de Lugo, José Ramón Besteiro, cobran unos 70.000 euros. Ninguno supera el máximo autorizado por el Gobierno, por lo que tampoco tendrán que tocar sus asignaciones.

Otra de las novedades de la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda establece los topes del sueldo de los empleados públicos locales, que se marcará en los Presupuestos Generales del Estado y no se decidirá en los plenos municipales como hasta ahora. En opinión del Ejecutivo "no tiene sentido que cobre más un funcionario local que otros que realizan actividades similares".

Ocho de cada diez concejales en España se quedarán sin sueldo al igual que los alcaldes de los concellos de menos de mil habitantes. En Galicia estas medidas afectarán a una veintena de regidores de localidades que según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE)no llegan al millar de vecinos y en un centenar de entes locales solo el alcalde contará con dedicación exclusiva.

En esta reforma se reducirá el número de asesores con cargo a los concellos, que pasarán a ser 6.489, confirmó el titular de Hacienda. En los grandes municipios el personal eventual no podrá suponer más del 0,7% del total de la plantilla. Unos 54 concellos de la comunidad gallega solo contarán con un asesor al tener una población que oscila entre los 5.000 y los 10.000 habitantes.