Las investigaciones de la juez Pilar de Lara saltaron las fronteras de Galicia y provocaron la detención de cuatro personas en Cataluña y una en Asturias. En Girona, el Servicio de Vigilancia Aduanera arrestó a alcalde de Sant Hilari Sacalm y presidente del Consell Comarcal de La Selva, Robert Fauria (CiU), al jefe de Servicios a la Ciudadanía del mismo ente comarcal, J. C. F. M., y al apoderado (J. M. F. I.) y al administrador (A. R. V.) de la empresa GRS Arc Local.
Además, los agentes practicaron registros en el Ayuntamiento de Sant Hilari, en la Diputación de Girona, en la sede del Consell Comarcal, en las oficinas de GRS y en los domicilios de los dos empresarios detenidos.
Todas estas actuaciones tuvieron que ver con la actividad de la empresa GRS Arc Local, dedicada a la gestión integral de tributación y recaudación municipal y que presta su servicios en el Consell Comarcal de La Selva. Se sospecha que la empresa investigada pudo incurrir en irregularidades, ofreciendo favores o sobornos, a cambio de la contratación de sus servicios.
Así, el registro en el Ayuntamiento de Sant Hilari se justifica porque el presidente del ente comarcal es también alcalde de ese municipio, mientras que en la Diputación de Girona, afectó al departamento encargado de gestionar los impuestos y las multas en los municipios más pequeños. También se inspeccionó el Patronato de Turismo Costa Brava de Girona.
En los distintos registros, los agentes reunieron en una sala a los funcionarios y le impidieron utilizar el teléfono móvil.
En Asturias se produjo la novena detención. Se trata del presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, quien en el pasado mantuvo una relación laboral con Aquagest. Empezó como comercial de la empresa para la zona occidental del Principado para luego ir escalando puestos y ampliar su área de influencia hasta Galicia.
La investigación trata de aclarar su papel como mediador para conseguir concesiones municipales para Aquagest. De ahí que Vigilancia Aduanera también registrara el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que tiene contrato con Aquagest.
