El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, con los votos mayoritarios del grupo popular, heredado de su padre y antecesor en el cargo, cerraron ayer la puerta a crear una comisión que investigue las contrataciones de la institución durante los últimos veinte años. Esta política de personal ya ha llevado al exbarón ourensano José Luis Baltar ante la justicia, por una querella por presunta prevaricación continuada en 104 contratos temporales firmados en la antesala y justo después del congreso del PP ourensano de 2010. Sin embargo, la mayoría absoluta del grupo popular -15 apoyos contra 10- se impuso ayer a las críticas estentóreas de la oposición rechazando una comisión para arrojar luz sobre dos décadas de poder "caciquil" y contratos a través de "enchufes".
El debate en el pleno de la corporación provincial se cerró con las dudas sobre la validez de los votos del PP que sirvieron para tumbar la propuesta del PSOE. Los socialistas reclamaron la abstención, bajo responsabilidad personal, de todos los diputados con familiares o cargos afines contratados en la Diputación a lo largo de los últimos años.
Los socialistas invocan tres normas. El artículo que ayer plantearon en el pleno más claro es el 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Según esta ley, son causas de abstención "tener interés personal en el asunto que se trate" así como "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados", además de "amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas".
Solo uno de los quince miembros del grupo de gobierno no ha trabajado o ha tenido a familiares empleados en la institución provincial.
El secretario de la Diputación, que comparecerá como testigo el próximo día 31 en el proceso penal contra el exbarón, no entró en el fondo del asunto pero confirmó la existencia de base en la ley sobre el deber, tanto de diputados como de funcionarios, de abstenerse en asuntos con intereses personales o de allegados.
El PSOE hizo su jugada política aludiendo a la genética del PP de los contratados en la Diputación. "Solo 15 de los 900 y pico contratados no son del Partido Popular", ironizó Gómez. Entre la indignación de la bancada socialista y la reacción entre incrédula y airada de los miembros del PP, Manuel Baltar zanjó la sesión llamando al voto y la bancada de los populares secundó en bloque el rechazo a la investigación de las contrataciones de Baltar padre, aún tras el informe verbal del secretario.
Los socialistas intentarán impugnar el acto que dio carpetazo a su petición de responsabilidades políticas -estudian el cauce contencioso administrativo si no prosperara la reposición del pleno- y no descartan tampoco llevar al juzgado al grupo de gobierno por presunta prevaricación.
Asimismo, el BNG registró ayer de inmediato una pregunta al secretario para conocer si los diputados del PP pudieron incurrir en "algún tipo de responsabilidad" y qué "consecuencias jurídicas" tendrá su voto a favor tras la alusión de legalidad del funcionario técnico.
El grupo popular justificó el rechazo a la comisión de investigación tras garantizar, en boca del portavoz Plácido Álvarez, "transparecencia total". El regidor de Muiños recordó que entregaron al PSOE la documentación llevada a Fiscalía, elevó a 229 las preguntas respondidas por el presidente y denunció "oportunismo político".
Para contraatacar y antes del cierre del pleno, Baltar hijo anunció acciones legales "civiles y penales"contra los ataques "al honor e integridad" de su padre.
Frustrada su pretensión de investigar a José Luis Baltar, el PSOE ya ha anunciado que acudirá al juzgado para airear otras 133 contrataciones irregulares.
