El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado el embargo del patrimonio del expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y del exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes, al no haber depositado éste último la fianza impuesta en noviembre de 2012 para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento.

Fiscalía Anticorrupción no solicitó a Julio Fernández Gayoso el reintegro de ningún pago, pero sí le hace responsable solidario al considerarle "cooperador necesario" en la supuesta mejora de contratos para garantizar las indemnizaciones cobradas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga las prejubilaciones millonarias, ha ordenado el embargo de bienes muebles e inmuebles, entre los que se encuentra un vehículo, así como de varios productos financieros.

El magistrado impuso el pasado 6 de noviembre una fianza de 7.021.352,57 euros a García Paredes y declaró que Fernández Gayoso debía ser responsable civil solidario tanto de esta caución como de las que impuso a otros tres exdirectivos, que ya depositaron las fianzasel pasado 10 de diciembre.

Se trata del exdirector general de la caja José Luis Pego, que abonó un depósito de 1.925.222,90 euros; el responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Oscar Rodríguez Estrada, 347.920,02 euros. Antes, los exdirectivos ofrecieron las pólizas de sus pensiones como fianza.

Cantidades todas que suman el total que les reclama Anticorrupción por supuesta apropiación indebida o administración desleal en la también presunta mejora de contratos para elevar las indemnizaciones.

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.