La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ourense ha presentado una querella contra el que durante más de veintidós años ocupó la presidencia de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, por un supuesto delito continuado de prevaricación por la contratación de personal, práctica que fue denunciada por el PSOE en junio de 2010 y para la que aportó amplia documentación de los diferentes procesos realizados.
El escrito de acusación del fiscal jefe, Florentino Delgado, fue registrado en el Decanato de los Juzgados de Ourense el pasado 28 de diciembre, según confirmaron fuentes judiciales a FARO, y está a a la espera de que se asigne el juzgado que será el encargado de la instrucción contra el exbarón popular.
En la denuncia que presentaron en la Fiscalía Provincial, los socialistas detallaban los 115 contratos realizados en las semanas previas al congreso provincial del PP en el que se consumó el relevo de José Luis Baltar por su hijo, José Manuel, al frente del PP en la provincia de Ourense. El PSOE sostenía que esas contrataciones se firmaron para contar con los apoyos necesarios en el cónclave y de esa forma garantizar la continuidad de la dinastía familiar.
Unos meses más tarde, en febrero del año 2011, los socialistas ampliaron su denuncia sobre la política de contratación de personal realizada por el entonces presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar , y aportaron ante el fiscal jefe información sobre otros 76 procesos de contratación en marcha. Según los cálculos del PSOE, en la institución provincial trabajaban más de 300 personas -de una plantilla que no llega al millar- que tienen algún tipo de vinculación con el Partido Popular, o bien de manera directa o bien por ser familiares de cargos de esa organización.
Los socialistas, en la denuncia que presentaron, veían indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en la política de "enchufismo" que había en el ente provincial.
Y advertían que un total de 542 personas habían sido dadas de alta, "con opacidad", desde el periodo congresual hasta el momento en que José Manuel Baltar debía afrontar sus primeras elecciones, las municipales de 2011, como máximo responsable del partido tras suceder en el cargo a su padre.
Durante la investigación que llevó a cabo la Fiscalía fueron muchas las personas que prestaron declaración, como el secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández -el 16 de noviembre de 2010-, en la que no hizo más que ratificar la postura socialista cinco meses después de que hicieran llegar al Ministerio Público un escrito que vinculaba el resultado del congreso del PP de Ourense con la política de personal de la Diputación regida por José Luis Baltar.
También lo hicieron miembros de la denominada comisión de control y seguimiento de contratación que tenía la propia diputación, y de la que formaban parte algunos funcionarios del ente provincial.
Raúl Fernández, después de prestar declaración ante el fiscal jefe que asumió la investigación de las presuntas irregularidades, denunciaba: "Estamos hablando de la contratación de 115 personas en pleno invierno, que no parece la época más adecuada por la necesidad de personas; pero en la que tiene lugar la celebración de un congreso".
Por su parte, José Luis Baltar aseguraba en esos momentos -después de la denuncia de los socialistas en la Fiscalía- que se encontraba "muy tranquilo", y decía estar seguro de el PSOE "pinchaba en hueso" con sus acusaciones, además de advertir que "el problema no es ir a denunciar al juzgado, el problema es mantener la acusación y aportar pruebas". "Vamos a ver cómo se defiende en ese tema", decía.
