Tres exdirectivos de Novacaixagalicia han depositado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional las fianzas que el juez Ismael Moreno les impuso para hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria que podrían afrontar en el marco de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarias, informaron fuentes jurídicas.
Las cauciones han sido depositadas por el exdirector general de la antigua caja José Luis Pego, a quien se impuso una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que ha avalado 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Oscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
Los tres recurrieron el auto que el juez Moreno dictó el 6 de noviembre pasado para imponerles las fianzas en un escrito en el que aportaban los derechos económicos derivados de las pólizas de las pensiones que se concedieron como aval para cubrirlas. El magistrado también impuso una caución de 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia Javier García de Paredes.
El objetivo de estas fianzas, que en conjunto superan los diez millones de euros, es hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa en la que se investigan las prejubilaciones millonarias.
Percepciones irregulares
Estas cantidades son las que, según la Fiscalía Anticorrupción, los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito.
De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama". Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
En su querella, Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
