Si las declaraciones de los cinco antiguos altos cargos de Novacaixagalicia en la causa abierta por las polémicas prejubilaciones levantaron una enorme expectación, como la gran ocasión que fue para escuchar sus argumentos, el paso ayer ante el juez Ismael Moreno de los dos inspectores del Banco de España citados como testigos era, como mínimo, otro de los platos fuertes en las diligencias. Porque tanto la acusación de la Fiscalía Anticorrupción como la aceptación del magistrado instructor de la Audiencia Nacional se basan en la supuesta ocultación de la mejora de los contratos de los imputados al supervisor, "a sabiendas", según la demanda, de la "delicadísima situación" por la que atravesaba la entidad. Finalmente, los inspectores admitieron que el organismo conocía las condiciones laborales y rechazaron que los pagos realizados supusieran un daño para la solvencia del grupo.

Lo cierto es que la constancia de que el Banco de España contaba con la información de los contratos ya quedaba clara en los informes que el propio regulador remitió al juez Moreno en las semanas previas al comienzo de las declaraciones. Hay, como apuntan varias de las partes personadas en el proceso, hasta tres notificaciones, con, eso sí, diferentes fechas sobre un mismo hecho. ¿Cuándo se trasladó esa documentación? El regulador asegura en uno de los documentos que fue en abril y en otro sitúan la entrega en junio. Pedro González, que fue jefe del grupo de supervisión en el que estuvo Novacaixagalicia y el más cercano a todo el proceso de fusión -el otro testigo, Miguel Segui, fue nombrado en septiembre de 2011, tras la conversión en banco-, explicó en su comparecencia que alguna de esa fechas que aparecen en el expediente del caso son erróneas. Que conocieron los contratos en diciembre de 2010, que la dirección se los mostró en febrero del siguiente año y que en mayo los recibieron, según apuntan fuentes conocedoras del interrogatorio.

Sus palabras fueron incluso más allá, en línea con lo que los cinco exdirectivos sostuvieron ante el juez. El Banco de España instó a dotar la cantidad a la que ascendían las prejubilaciones. Es decir, a reservar el dinero que costaría el cese de contratos, 28 millones en total, en caso de que se ejecutaran. El inspector negó que fuera una instrucción suya y que no era necesario hacerlo por el limitado impacto que tendría para las cuentas. De hecho, en la documentación requerida con anterioridad por el juez el Banco de España estima que el montante rondaría el 0,5% de los recursos propios de la caja fusionad. Ni tampoco comunicarlo al organismo. González dejó entrever que la decisión podría haber salido de uno de sus subordinados en un gesto de "exceso de celo o prudencia contable".

En ese momento, señalan las mismas fuentes, surgió la pregunta de si la antigua cúpula de Novacaixalicia "obstaculizó" la entrega de la información. Una situación que hubiera obligado al Banco de España a sancionar a los antiguos altos cargos. El inspector evidenció que, efectivamente, si fuera así, el regulador tendría que haber actuado, aunque señaló que se encontraron "reticencias" en la entidad, pese a que la entrega se hizo en mano. Él "deduce" por la lectura de las actas de los consejos de administración que a los miembros de los respectivos órganos de decisión en las dos entidades se les pudieron ocultar detalles, pero recordó que los contratos figuran como anexos en las actas de las reuniones y que estaban a su disposición.

A José Luis Pego, ex director general, su adjunto, Javier García de Paredes, y los responsables de la división inmobiliaria y la oficina de integración, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, se les achaca un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida, con "abuso de funciones" y la disposición "fraudulenta" de los bines de la entidad para mejorar sus salidas de la gestión, con la "cooperación necesaria" del que fue presidente, Julio Fernández Gayoso. Los inspectores ayer no determinaron si la ejecución de los contratos en este caso responde a un desvío de fondos o una interpretación de la legislación laboral.

Hasta ayer, la mayoría de los imputados seguía sin tener comunicación del auto del juez Moreno con las fianzas impuestas ante la previsión de que el proceso se va a alagar con nuevas pruebas y para evitar así que llegado el juicio se puedan declarar insolventes. De los 10,5 millones de euros, algo más de 7 son para García de Paredes, otros 1,92 millones para Pego, 1,218 a Gorriarán y 347.920 euros a Rodríguez Estrada. Julio Fernández Gayoso es considerado responsable solidario y el primero que tenía previsto recurrir, ayer mismo, el auto. La misma decisión que previsiblemente seguirán el resto en los próximos días.