La defensa de Mangouras duda que el juicio sea 'justo'

También ha denunciado la vulneración de "derechos fundamentales" y la existencia de "irregularidades flagrantes" en la obtención de documentación por parte de las autoridades marítimas.

En su intervención, el letrado ha reclamado la suspensión del juicio basándose en que se pide la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio. Además, reclamó la "nulidad parcial" en relación con el sobreseimiento de la acusación por delito contra el medioambiente.

En la vista oral, se ha preguntado también si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.

Documentación "incautada"

Además, ha acusado al Estado español de haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco "sin dar" a la defensa "posibilidad de participar en los reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la documentación recogida en el 'Prestige'.

Así se ha mostrado muy crítico con la actuación seguida por parte de las autoridades españolas y ha llegado a asegurar que la citada documentación fue "incautada" del buque. Por ello, ha instado a la Sala a que declare "nulo" y "excluido del sumario" estas pruebas.

El letrado ha utilizado también los términos de "inmoralidad" para definir la actuación para obtener esta documentación y ha añadido que hubo "irregularidades flagrantes" que, a su juicio, ponen en duda "el derecho a un proceso con todas las garantías", ha apostillado.

Sentencia de EEUU contra ABS

En la misma línea, ha pedido que reconsideren pruebas que le fueron denegadas, así como una copia de la sentencia del Tribunal federal de Estados Unidos, en la que la clasificadora ABS quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España.

"Tiene relevancia la interpretación que ha hecho el tribunal porque las pruebas son básicamente las mismas", ha incidido el letrado, quien ha solicitado que se incorpore el informe que hizo la comisión de investigación francesa sobre el Prestige y su gestión.

Sobre el mismo, ha indicado que "se recoge una valoración ciertamente crítica sobre la gestión de las autoridades españolas". "Se dice que el buque se hundió por haberse empeñado en alejarlo", ha sentenciado.

Pruebas periciales

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, ha solicitado a la sala que enjuicia la catástrofe marítima del 'Prestige' la admisión de un informe pericial elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que eleva a 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe solo en el caso de España.

Inicialmente, la Fiscalía había evaluado los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones, entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.

No obstante, en su calificación de los hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite, "va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños", según ha precisado la Fiscalía.

Por otro lado, la petición de nuevas testificales, así como de informes periciales sobre los daños, está centrando la primera sesión del juicio de la catástrofe marítima del 'Prestige', que discurre con escasa presencia de público en la sala, con capacidad para 200 personas y en la que hay solo hay una veintena.

Así, la Fiscalía ha pedido que declaren como testigos 12 perjudicados franceses por la catástrofe, pero que no pudieron ejercer la acción popular en España y que declare la persona que representó a Francia en la catástrofe.

En la misma línea, la Abogacía del Estado ha reclamado las testificales de personas que intervinieron en el dispositivo de lucha contra la contaminación, entre ellos el comisionado del Ministerio de Medio Ambiente, Xoán Novoa, o del comisionado de Fomento, Francisco Alonso, admitido como perito.

Por su parte, el abogado del Estado francés ha solicitado que comparezca un responsable del Ministerio de Finanzas de Francia que evaluó los daños para el país galo.

Mientras, la plataforma Nunca Máis ha pedido, al igual que otras partes personadas, que se declare la nulidad de la pericial del ingeniero naval Martín Criado por entender que su participación en el organismo que supervisó las decisiones en los días posteriores a la catástrofe "lo inhabilitaba" para actuar como perito.