El nuevo sistema de voto para la emigración amenaza con dejar vacías las sacas de sufragios procedentes del otro lado del Atlántico y de Europa. Por primera vez en la historia de unas elecciones autonómicas en Galicia, los emigrantes que quieran votar tendrán que solicitar las papeletas. Y solo podrán depositarlas en los consulados y embajadas de los países en los que están inscritos. Todos los votos enviados por correo a las juntas electorales provinciales en la comunidad, el sistema utilizado por más del 90% de los electores en el extranjero cada vez que hay una cita con las urnas, serán invalidados.
El denominado voto rogado, que obliga a los emigrantes a pedir previamente su participación en las elecciones, junto con la eliminación del sufragio por correo, harán caer en picado la participación de los españoles en el exterior, según auguran los partidos políticos a la vista de los datos de las últimas elecciones generales.
En la cita con las urnas el pasado 20-N para elegir al inquilino de la Moncloa, en Galicia apenas votó el 4% del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), una cifra que se queda muy por debajo del 30% de media de las anteriores convocatorias electorales. El motivo de esta caída en la participación es doble. Por un lado, el hecho de que el elector se vea obligado a desplazarse para solicitar el voto y posteriormente depositarlo en urna. Y por otra, una vez pedido el sufragio no todos llegan en plazo para el recuento.
El pacto entre populares y socialistas en Madrid hace ya dos años supuso la eliminación de la participación de la emigración en los comicios municipales y la implantación del voto rogado en las autonómicas y generales. Hasta el pasado día 1 de octubre, plazo en el concluyó el envío de la documentación electoral al exterior, de la histórica cifra de emigrantes gallegos -un total de 397.382- tan solo 23.422 solicitaron su papeleta, lo que apenas supone el 6% de los inscritos en Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Los datos del CERA ponen de manifiesto que la crisis demográfica no pasa factura a la emigración. Mientras dos de cada tres municipios gallegos pierden población año tras año, la diáspora no deja de crecer. En la actualidad ya hay más electores en el extranjero que habitantes en la provincia de Lugo -351-530-. Desde las autonómicas de 2009, el número de gallegos inscritos en el censo electoral se ha disparado un 18,4%. O lo que es lo mismo, a lo largo de los últimos cuatro años unos 1.400 gallegos se dieron de alta cada mes en el censo emigrante.
La evolución del censo electoral de residentes en Galicia nada tiene que ver con el ritmo de crecimiento del CERA. Desde las últimas autonómicas, la comunidad gallega perdió un total de 12.400 electores, al pasar de los 2.311.584 registrados en marzo de 2009 a los casi 2,3 millones convocados para la cita del próximo día 21.
Por provincias, Lugo y Ourense fueron las que más engrosaron su CERA en los últimos cuatro años, con un incremento de 27,2% en el primer caso (11.995 nuevos votantes en el exterior en relación a los 44.007 registrados en 2009) y un 19,1% en el segundo (14.254 más que en 2009, convocatoria en la que el censo de inscritos en el exterior fue de 74.471). Mientras el CERA de A Coruña y Pontevedra creció un 16,9% y un 15,8%, respectivamente: 19.981 coruñeses más en el exterior con derecho a sufragio y 15.700 pontevedreses. En total, casi 62.000 gallegos en el extranjero que se dieron de alta en el extranjero desde 2009.
Bastaron tres citas con las urnas en menos de un año -las autonómicas en Andalucía y Asturias y las generales-, para que PP y PSOE reconociesen el fracaso del nuevo procedimiento de votación en el exterior pactado por ambos en Madrid hace casi dos años y se planteasen una nueva reforma de la ley para tratar de incentivar la participación de los residentes en el exterior. Aunque su intención era acometer la reforma lo antes posible, el adelanto electoral en Galicia no dejó tiempo para un nuevo cambio.
Con esta nueva modificación tratarán de cerrar las heridas abiertas durante el proceso de reforma en el Congreso, no solo en la diáspora, sino también en las direcciones autonómicas de PP y PSOE en comunidades con un importante peso de la emigración como Galicia, Canarias o Asturias. Incluso en las primeras conversaciones en las que se abordó la reforma del voto emigrante, populares y socialistas pusieron sobre la mesa el veto a la diáspora en todas las citas con las urnas, limitando su participación al Senado, y dejando la decisión sobre su participación en las autonómicas en los Ejecutivos regionales. Finalmente, el veto se limitó a las municipales aunque con la implantación del voto rogado -sistema que solo se aplicaba en los comicios locales- en autonómicas y generales. Es decir, quien quiera votar debe solicitar previamente el sufragio.
Con independencia del número de votos que se reciban del exterior para los comicios del 21-O -hasta el día 1 de octubre solo habían sido aceptadas 23.422 solicitudes, lo que apenas supone el 6% de los casi 398.000 emigrantes gallegos-, las papeletas de la diáspora podrían ser determinantes. Esta situación ya se dio en Asturias, donde 290 votos de la emigración dieron al PSOE el escaño 17 que le permitió un gobierno de coalición. De hecho, en Galicia el papel de la diáspora ha sido clave en las elecciones anteriores. En 1997, Fraga logró un diputado más por A Coruña en detrimento del BNG tras el recuento del voto de la diáspora. En 2005, no ocurrió lo mismo. Aunque el bipartito llegó a pender de un hilo a la espera del recuento del voto exterior en Pontevedra, el escrutinio dejó las cosas como estaban y el PP no pudo hacerse con el diputado que le daría su quinta mayoría absoluta. En las pasadas autonómicas, el voto emigrante volvió a variar el reparto de escaños en O Hórreo pero no el resultado final. Los populares perdieron un diputado en Ourense en favor del PSOE, pero mantuvo los 38 diputados que le garantizaban la mayoría absoluta.
