La nueva encrucijada del negocio del viento en Galicia se llama fiscalidad. La reciente tasa fijada por el Gobierno central a la generación como remedio para atajar el déficit de tarifa, sobre un 6% de la producción, y la polémica surgida en la comunidad alrededor del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que hasta ahora no se aplicaba a los parques. Xunta y patronal volvían a reunirse el pasado martes en un gesto de acercar posturas, con el compromiso del presidente, Alberto Núñez Feijóo, de "resolver todas las dificultades que estén en su mano", como recogía el comunicado difundida por la propia patronal, EGA. Al margen del desarrollo del concurso, esas "dificultades" responden ahora a dos preguntas que el Gobierno gallego se ha comprometido a aclarar cuanto antes. Por un lado, cómo se tasará el derecho a explotar un parque, que será, en principio, la base imponible que gravará el ITP, y segundo, si se contemplará la posibilidad de renunciar a la autorización administrativa, sobre la que recae el impuesto, en caso de que la base sea el valor de las inversiones, como estaba previsto inicialmente.

La Consellería de Economía e Industria, con las competencias en energía e insistente en las últimas semanas en hacer todo lo posible para allanar el camino del reparto de los 2.325 megavatios (MW), trabaja ya en la instrucción con los criterios para establecer lo que podría costar el permiso para la construcción de las instalaciones. Porque a diferencia de los habituales contratos en los que se impone el ITP, los derechos para colocar molinos no son una concesión administrativa, habitualmente tasadas, en las que es sencillo saber lo que por ejemplo tendría que pagar un comprador para quedarse con el servicio. No será fácil. En el sector, que ayer analizó el encuentro con Feijóo y los titulares de Economía y Facenda en una asamblea se preguntan cómo fijar un valor por algo que todavía no tiene fecha de puesta en marcha ni previsión de negocio ante el cierre de grifo temporal, y posiblemente indefinido, de las primas.

El arranque de la polémica se remonta a las liquidaciones del impuesto que, "por sorpresa", según se quejan los promotores, aparecieron reflejadas para los parques con carácter retroactivo. "De los 4.000 parques que hay en España, solo se va a aplicar en Galicia", destacan fuentes del sector. Pero la Consellería de Facenda, bajo la que recaen las tareas fiscales, cuenta con el aval del Tribunal Económico-Administrativo Central. Un hecho que en el sector minimizan "porque, en definitiva, no deja de ser el último brazo de la propia Administración y no suele ir en su contra".

De ese Tribunal depende también la resolución sobre las reclamaciones presentadas por los promotores a los que ya se les ha liquidado con el ITP. Si en su respuesta refrenda la aplicación, y que además se haga sobre el coste total de los parques -alrededor de un millón de euros por cada MW, lo que, con el tipo del 4% al que asciende la tasa, supondrían unos dos millones de euros por la autorización administrativa de un recinto de tamaño medio- y no sobre el valor que se establezca ahora con las instrucciones en base a una especie de derechos de explotación. Facenda tendrá que responder si el veredicto del Tribunal Económico-Administrativo, cuando llegue, supondrá un cambio de reglas y la opción de que los promotores renuncien a las autorizaciones sin repercusión para su bolsillo.