Las feroces críticas contra las supuestas irregularidades del concurso eólico impulsado por el bipartito se convirtieron en una de las armas arrojadizas del PPdeG en la pasada campaña electoral y, tras la victoria, optó por suspender el reparto de los 2.300 megavatios (MW) con el argumento de que vulneraba la Constitución, dos leyes nacionales más y una comunitaria. Los populares sacaron una nueva normativa que enterró la participación pública en los parques e implantó el también discutido canon por cada molino.

Fenosa y Norvento se colocaron a la cabeza de las adjudicatarias, seguidas de Estela Eólica y su prometida incineradora, en la revisión de la puja. "Este concurso es radicalmente distinto al anterior, sin filtraciones ni polémicas", defendía el conselleiro de Industria, que prometió 6.000 millones en inversión y 13.266 empleos como antídoto a la crisis. Pero a los problemas de financiación para las obras y la evidencia de que el sistema eléctrico no necesitaba tanta producción ante la caída del consumo, se unió en enero la decisión del Ejecutivo central de cerrar el grifo de las primas. Feijóo llevó a Moncloa una propuesta para relajar los criterios, pero el ministro Soria es partidario incluso de imponerles un nuevo impuesto. El enésimo golpe al sector en Galicia, convencido de que muchos de los ganadores se quedarán por el camino. El adelanto deja en el aire el compromiso de autorizar los 2.300 MW antes de acabar el año.

El concurso volverá a la disputa política del 21-O. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ya avaló el decreto del bipartito para la eólica, acaba de declarar nula la suspensión del reparto anterior tras acreditar la "desviación de poder" por parte de la Xunta.