En un ejemplo más de su apego a las palabras contundentes, el exgobernador del Banco de España compara la importancia de la prevención en el sector financiero con la necesidad de anticiparse "en los accidentes nucleares". "Mejor que no haya que arreglarlos", advierte. Toda una declaración de intenciones la que lanzó Miguel Ángel Fernández Ordóñez al arranque de su esperada comparecencia ayer en la Comisión de Economía del Congreso para analizar la reestructuración y en la que esbozó un calvario repleto de obstáculos como explicación a a lentitud que él mismo reconoce en el ajuste. Primero, porque existía el mandato de emplear "pocos recursos públicos". Y, después, porque las comunidades, con voz en las operaciones de cajas, lo pusieron aún más difícil. Ahí nace la fusión de las dos entidades de ahorro gallegas, forzada por la Xunta con su negativa a respaldar cualquier otro movimiento, según el anterior responsable del supervisor, que justifica la aprobación del matrimonio porque la alternativa era todavía peor dada la postura del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Lo más curioso es que el cuestionamiento de la unión vino de los populares. Fue Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del PP en la Comisión, el que insistió varias veces en su incredulidad en la autorización a la fusión gallega. "No. No era lo ideal –responde Fernández Ordóñez–. Evidentemente hubiera sido mejor la fusión con entidades de otras comunidades". Pero el Ejecutivo gallego se negó, "el único caso donde se decidió", reprocha el antiguo gobernador. "Y usted pregunta por qué lo aprobamos a pesar de todo –continuó, ante la insistencia de Martínez-Pujalte–. Pues porque la solución habría sido peor, habría que haber intervenido dos cajas".

La amenaza pública de Núñez Feijóo incluía la disposición de vetar cualquier SIP. De hecho, el Gobierno gallego llevó la normativa que le vaciaba de funciones respecto a las integraciones frías al Constitucional. El remedio, como recordaba ayer Fernández Ordóñez, fue darle "una oportunidad" al "plan riguroso" impuesto para intentar salvar el enlace.

El plan que FARO desveló la pasada semana y en el que el director general de Supervisión del regulador, Jerónimo Martínez Tello, apelaba al aprovisionamiento pendiente en la entidad coruñesa –para el que, según el informe, iba destinado el 77% del saneamiento de 3.000 millones que se ejecutó–, el control sobre las refinanciaciones desbocadas que protagonizó el equipo que dirigía José Luis Méndez, la mejora del perfil del riesgo por su elevada concentración en el riesgo inmobiliario, la recuperación de operaciones morosas y, "de forma decidida", un cambio de rumbo "en la gestión". Todo, indica el Banco de España, "para la subsanación de las debilidades identificadas en la antigua Caja de Ahorros de Galicia", a la que achaca "una desafortunada apuesta de expansión", con una "política agresiva de crecimiento" sin tutela interna y "en segmentos muy sensibles al ciclo económico y financiada con importante apelación a los mercados mayoristas".

En ese informe, en el que se da cuenta de las advertencias a Caixa Galicia desde 2007 y de una reestructuración ya en 2008 –"A la vista de la limitada capacidad de la entidad de generar resultados recurrentes con que cubrir los citados ajustes, y con el fin de asegurar su desenvolvimiento y estabilidad futura, Caja de Ahorros de Galicia inició contactos a finales de 2009 con Caixa de Aforros de Vigo, Ourense y Pontevedra (Caixanova) para llevar a cabo un proceso de integración", apunta–, el departamento de Supervisión incide en el cumplimiento "de forma rigurosa" del conjunto de requerimientos como única forma de digerir el lastre con el que venía la entidad coruñesa. "Ni el plan se cumplió rigurosamente, ni la situación económica ayudó", justificaba ayer el exgobernador.

La salida, una venta

La intención del anterior Gobierno, "lo que estaba planeado", era la venta tanto de Novagalicia como de CatalunyaCaixa, según revela Fernández Ordóñez, crítico con la decisión del actual Ejecutivo de paralizar las pujas hasta el saneamiento de las entidades. "Lo que hay que hacer –reitera– es subastarlas". De ahí también que el anterior gobernador rechace la estrategia del presidente de la entidad gallega, José María Castellano, con su petición de, al menos, 6.000 millones de euros de fondos públicos. "No, al que se ha equivocado, lo siento mucho, pero no se le puede dar dinero. Habría que dárselo a quien se quede con las entidades, a quien demuestre que sabe hacer bien las cosas", reclama.

Como regla general, Fernández Ordóñez repitió y repitió que el supervisor no diseñó los matrimonios en el sector financiero. "Tranquilos, en el Banco de España no hay pistolas", ironiza. Pero no disimula que lo que hay detrás de muchas de ellas es la mano del organismo, en busca de "soluciones" en "el ámbito privado", precisamente por la falta de fondos públicos para la reestructuración y que, en todo caso, él es el primero en reconocer que no eran necesarios al comienzo de la crisis porque "a diferencia de otros países", aquí "el problema estaba en pequeñas entidades y no en las grandes, que siguen siendo solventes". "Eso exige convencer en lugar de ordenar y promover negociaciones complejísimas con intereses muy diferentes a los que rigen una sociedad mercantil", lamenta.

Aunque se negó a hablar de los siete meses en los que coincidió con el Gobierno popular, Fernández Ordóñez sostiene que el "asunto" de Bankia estaba resuelto antes de la nacionalización con medidas adicionales al proyecto que la entidad presentó para los decretos de saneamiento. Y una era que el presidente entonces, Rodrigo Rato, dejara de tener funciones ejecutivas "y nombrara una serie de cargos que había, empezando por Goirigolzarri", el actual presidente. "Se le hubiera convencido", asegura. Mafo asume que Rato tuvo que cargar con "malas gestiones" anteriores, pero admite "desencuentros" con él por su negativa a fusionarse con La Caixa.

"Creo que fue un error que se fuera Rato por la imagen internacional", echa en cara al Gobierno –él habla directamente de cese–, al igual que "el ruido" con las cifras de necesidades. "Eso pregúntenselo a Goirigolzarri y al Ministerio de Economía", asegura, en relación a los 24.000 millones que supuestamente se necesitan para BFA, con el que se desencadenó "una campaña sin fundamento" contra el Banco de España.

El dinero y el ruido

"Me han dicho que estamos en la sala Ernest Lluch. Un gran amigo que me dijo que al dinero no le gusta el ruido, porque crea desconfianza y es fatal", afirma. Por eso el exgobernador reclama unión del arco parlamentario para "las situaciones muy complicadas" a las que "nuestro Gobierno y toda la sociedad se van a tener que enfrentar en los próximos meses".

Partidario de la "crítica profesional" en lugar de la autocrítica, Fernández Ordóñez admitió que algunas cosas "se hicieron mal y otras, sencillamente, no se hicieron". Y en el total de decisiones en la economía para despertar de la "exuberancia irracional" nacida a mediados de los noventa, no libra a nadie. Las dos legislaturas del PP y la primera del PSOE, entre ellas. Incluso a los grupos políticos presentes, que "aprobaron" todas las reformas. Ahora las cosas, dice, se parecen "a Irlanda".

"Hasta finales de 2011 los indicadores de confianza en España y en su sistema bancario se mantuvieron alejados de la amenaza de rescate", presume. A camino entre el temor y la crítica indisimulada a la gestión del PP, el exgobernador advierte del "hundimiento de la confianza" en niveles "inimaginables hace siete meses".

Campa achaca "errores y excesos" entre las entidades, pero "limitados" y "con responsabilidades concretas"

Antes de Fernández Ordóñez, y como primera convocatoria de la Comisión, le correspondía el turno al exsecretario de Estado de Economía José Manuel Campa, que también repartió "errores y excesos" tanto antes como después de la crisis dentro del sector financiero, y pidió "limitarlos" y exigir responsabilidades "responsabilidades concretas" en los protagonizados hasta ahora. "Pero no hay que confundir los errores cometidos con una equivocación en la dirección de la reestructuración financiera, que es y era la correcta", mantiene.

Campa rechaza que el "éxito o fracaso" del proceso se mida en función de instituciones "específicas", como Bankia, sino sobre su capacidad de fortalecer las entidades en general. De ahí su defensa de la "supervisión" del FROB y limitó el problema financiero hasta la pasada primavera a "actuaciones específicas" y no a un problema" sistémico". El que fue número dos de Elena Salgado insta a proseguir con el saneamiento del sector financiero, aunque se requiera de "mayor consumo" de recursos públicos, para lo que aconsejó no "perder la perspectiva". "El objetivo es la estabilidad del sector, que en su gran mayoría sigue siendo solvente", subraya.

En esa línea enmarca la creación del banco malo que, en su opinión, funcionará como los Esquema de Protección de Activos (EPA) para las entidades nacionalizadas. Al igual que al ministro de Economía actual, a Campa no le gusta el concepto de liquidación de una entidad. "Lo razonable es pensar que se subastarán", asegura, con la misma apuesta por aprovechar la marca. El anterior secretario de Estado achacó a los problemas de financiación de las cajas, su incapacidad para ampliar capital como una sociedad, la comercialización masiva de preferentes y defiende que las reformas socialistas en el sector impulsaron la amortización de "la mayoría".