Los registros practicados hace diez días en empresas lácteas de Galicia, Cataluña y Cantabria han revelado indicios de que pactaron los precios entre ellas para comprar la leche a los ganaderos y de que se repartieron el mercado para sacar una mayor provehco. Por estas prácticas anticompetitivas, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha decidido abrir expediente sancionador contra la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y otras ocho compañías –Danone, Puleva Food, Grupo Leche Pascual, Nestlé España, Grupo Lactalis Iberia, Corporación Alimentaria Peñasanta y Cooperativa Agrícola y Ganadera del Pirineo, y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña–. A partir de ahora, se abre un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del expediente, que puede derivar en una multa.
La CNC, dependiente del Ministerio de Economía, concluye que existen "indicios racionales" de la existencia de "conductas prohibidas" por la Ley de Defensa de la Competencia tras realizar los días 11 y 12 inspecciones domiciliarias en las sedes de empresas y asociaciones de la industria láctea en tres comunidades autónomas. La investigación de los acuerdos o cárteles para fijar los precios de la leche es una de las prioridades en la investigación "dada la especial gravedad de sus consecuencias para los consumidores", según apuntan desde Competencia.
Desde la Asociación de Industrias Lácteas de Galicia no tenían noticia alguna de la apertura de este expediente sancionador. "Todavía no hemos recibido notificación alguna. Pero, insistimos, las denuncias son infundadas y perjudican al sector", reitera el portavoz de la industria láctea gallega, Pedro Ramos, quien espera que concluya cuando antes la investigación.
El origen de las actuaciones se encuentra en "numerosas denuncias y quejas" del sector recibidas en la Dirección de Investigación de Competencia, así como en noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas al problema en el sector de la leche, que ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades en ocasiones anteriores.
De hecho, las quejas de los ganaderos gallegos sobre supuestas prácticas fraudulentas por parte de la industria láctea ya llevaron en 2010 a la propia Consellería do Medio Rural a emplazar al Tribunal Galego de Defensa da Competencia a abrir una investigación. Entonces, el Consello Galego da Competencia ya alertaba de las dificultades de probar irregularidades pese a los indicios.
No es la primera vez que los supuestos pactos de las industrias en el precio que pagan a los ganaderos terminan en los tribunales. La última vez que lo hizo acabó con una sentencia de condena a 48 empresas del sector.
El fallo fue dictado por el Tribunal Supremo en 2006, por el cual rechazaba los recursos de casación presentados por las compañías afectadas y les imponía una multa de más de 7 millones de euros. Con la ratificación de sanciones dictada por el alto tribunal, se ponía fin a un proceso que había comenzado en 1992 con una denuncia de pequeños agricultores.
