De lejos, y según sus propios datos, Novagalicia es la entidad que acumula un ajuste más intenso tanto en su red comercial como en la plantilla en lo que va de reestructuración del sector. Todas las comparaciones, empezando por las de las dos patronales financieras y las estadísticas del regulador, se remontan hasta el ejercicio de 2008, cuando la actividad tocó techo y comenzó el difícil camino por el que a estas alturas todavía transita, para analizar la evolución de lo que técnicamente está bautizado como "capacidad instalada". La suma de las dos cajas de ahorros gallegas entonces alcanzaba los 8.236 trabajadores. Exclusivamente los de las respectivas matrices, sin contar los que dependían de las filiales. A cierre del pasado 2011, esa cifra se había reducido un 23%, hasta los 6.332, a los que hay que añadir los 700 que está previsto que salgan con los dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) formalizados en actual 2012. La reducción rondará, pues, las 2.600 personas, un tercio menos que hace tres años y medio.

Lo fuerte de la tijera se concentra durante 2011, fruto de la fusión primero de Caixanova y Caixa Galicia y la bancarización después, con 1.217 prejubilaciones, según consta en la memoria anual de NCG y 167 bajas adicionales, "como vías para adecuar la plantilla a la reducción producida en la red de oficinas y al necesario redimensionamiento de las unidades centrales". Ahí, en los servicios de gestión asentados en Vigo, A Coruña y Madrid, el volumen de empleo cayó casi un 39% y a final de diciembre el número de trabajadores se situaba en 984. Otros 633 están vinculados a "unidades de apoyo directo a la red" y 4.715 en las oficinas.

El pasado abril se cerraba el segundo ERE en la entidad, con 350 nuevas bajas incentivadas cubiertas. Aunque no todas se ejecutaron para no entorpecer la actividad en las oficinas y dosificar el golpe en las cuentas. En ese mismo mes se activaba el tercer expediente de regulación, con el objetivo de sumar otras 350 salidas, además de una rebaja salarial, reducciones de jornada y suspensiones de contrato hasta al 75% de la plantilla para lograr un ahorro anual de 60 millones de euros.

Novagalicia contaba al cierre del pasado ejercicio con 1.049 oficinas, de las que 706 pertenecen a la división de Galicia, Asturias y León; 323 en el resto del territorio, donde se combina NCG con EVO; y 20 en el extranjero. Los cierres ese ejercicio llegaron a 323, lo que supone un descenso del 30%, con 190 de sucursales en la comunidad y 133 en otras autonomía. "Un ajuste que se realizó bajo criterios de optimización buscando eliminar solapamientos, mantener la calidad del servicio y minimizar el impacto en clientes y negocio, adaptando la red al acusado deterioro en la demanda de servicios financieros", explica la entidad en la memoria de 2011, en la que destaca que su "esfuerzo de reestructuración" es "mayor y más rápido" que en el conjunto del sistema, "el doble", y "el más elevado" entre los grupos a los que se prestó FROB en la primera ronda de ayudas.

A eso apeló el presidente, José María Castellano, para tranquilizar a los sindicatos en la reunión de esta semana para hablar de la estrategia de recapitalización del banco. Que hay "más deberes hechos que el resto", aunque él mismo admite, según recoge UGT en un comunicado y confirman el resto de organizaciones, que es imposible conocer de momento "la magnitud" de las condiciones que impondrá Bruselas a las ayudas de hasta 10.000 millones que podrían inyectarse en NCG. Castellano evitó entrar en más detalles, convencido de que la cantidad de capital y el correspondiente plan de acompañamiento a la petición de fondos queda pendiente, precisamente, de las auditoras y la Comisión.

El Estado tendrá que asumir las posibles pérdidas derivadas de las ayudas a los bancos

Los ministros de Economía de la eurozona buscarán el lunes un "acuerdo político" sobre el memorándum con las condiciones del rescate a la banca española, que en un primer momento se articulará a través del FROB. Si se alcanza un compromiso, el pacto se firmará a finales mes para que las ayudas empiecen a llegar tras el verano. Los plazos para que esos préstamos se inyecten directamente a la banca para evitar la mediación del Estado y que no compute en deuda pública y déficit son todavía una incógnita, según adelantaban ayer fuentes de la UE a varias agencias de comunicación, que dan por hecho que la principal condición para que sea así –la creación de un supervisor único europeo– se alargará hasta el primer semestre del próximo año. Aún en ese caso, España, según apuntan las mismas fuentes, seguirá funcionando de garante, con lo que el Estado tendría que asumir las posibles pérdidas derivadas de los fondos aportados a las entidades.

El contrato que se perfilará el lunes no incluirá la cifra final del préstamo porque el Eurogrupo quiere esperar al resultado de las cuatro auditorías sobre las necesidades de capital banco por banco. Únicamente se mencionará de nuevo el tope de 100.000 millones de euros que han prometido los socios de la eurozona para la banca española, según explica alto funcionario del Eurogrupo.

Lo que sí marcará el borrador, negociado en las últimas dos semanas en Madrid por las autoridades españolas y los expertos de la Comisión –en contacto con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria y el Fondo Monetario Internacional– son las condiciones generales para el sector, que podrían pasar por un refuerzo en la supervisión; y las concretas para los bancos que pidan ayudas, con planes de reestructuración que incluyan venta de activos y segregación, posiblemente, de ladrillo, además de cierre de oficinas.