De momento, todas las indagaciones que en la esfera judicial tienen como protagonista al polémico caso de las preferentes se preparan para la vía civil. Como la gran demanda colectiva que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ultima con más de 1.000 afectados. Pero la petición de responsabilidades penales no está descartada, ni mucho menos. De hecho, Eduardo Torres-Dulce, fiscal General del Estado, lo tiene sobre la mesa. "Se está estudiando emisión a emisión", aseguraba ayer a un grupo de compradores de este tipo de productos en Sevilla, donde además destacó que, precisamente, Galicia es una de las zonas más afectadas. "La presión de la Fiscalía –asegura– está obligando a las entidades a realizar algún tipo de movimiento".

La "mucha evidencia" de "una práctica importante de mala comercialización de las participaciones preferentes" ha llevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir hasta siete expedientes a entidades por esta causa, con un montante final de 11.250 millones de euros. La mitad del saldo vivo que había hasta el comienzo del canje, y que ahora se ha quedado en unos 8.500 millones de euros.

El presidente del regulador bursátil, Julio Segura, aprovechó la ocasión para restar responsabilidades al organismo. "Es imposible", asegura, vigilar el origen del problema "porque implicaría tener inspectores en todas las sucursales bancarias", y recuerda que no se puede prohibir la venta de estos productos a minoristas.

Supervisión

Pues a la CNMV, entre otros, apunta el número dos de la patronal de las antiguas cajas como posibles responsables de la comercialización y las repercusiones que eso ha tenido. En la misma convocatoria en la que estaba Segura, un seminario sobre el euro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado por BBVA y la APIE en Santander, José María Méndez apuntó que las preferentes son un instrumento "regulado en el ámbito nacional y europeo", y que el problema en España es que el sistema de supervisión "no está bien trabado".

Los cambios recientes de regulación "han agravado el problema de las participaciones preferentes", con el cambio de en la clasificación frente a los recursos propios al pasar de recursos de primera categoría a segunda ante la normativa de solvencia internacional, lo que afecta al valor razonable de las emisiones. El problema, según Méndez, está en la comercialización, en la información que se ha dado a los clientes y en cómo éstos instrumentos se han distribuido a través de las redes. El director general de la CECA no entró en más detalles, aunque reiteró su rechazo al reparto en el sistema de supervisión con el Banco de España supervisando y vigilando la solvencia de la banca, fundamentalmente, y la CNMV, la de sociedades de servicios de inversión. En su opinión, ambas funciones deberían estar unidas.

Méndez reconoció que el sector está "muy tocado en su reputación" por los escándalos de las indemnizaciones, por lo que queda "un gran trabajo por delante que realizar" en la nueva etapa de las entidades de ahorros. La CECA prevé, además, que el conjunto del sector acabe 2012 con una reducción muy significativa de beneficios. Su director general llegó a hablar incluso de cero ganancias en la mayoría.