No todos los que hicieron las maletas el siglo pasado huyendo de la hambruna de su tierra lograron hacer las américas. Y con la crisis actual, agravada con las sufridas en los últimos años en países como Argentina, Uruguay o Venezuela, la situación de los españoles en el exterior, en especial de los mayores de 65 años, es cada vez más precaria. La diáspora gallega es la más necesitada. Casi la mitad de los 27.057 españoles residentes en el extranjero que reciben pensiones asistenciales del Gobierno central son gallegos. De los casi 127.500 emigrantes de la comunidad mayores de 65 años, un total de 13.080 (10,2%) reciben una ayuda de ancianidad del Ministerio de Empleo. Este balance convierte a la colectividad gallega en la más necesitada, muy por encima del resto de emigrantes españoles.
En este ranking de precariedad, encabezada por los emigrantes gallegos, le siguen muy de lejos los canarios (8,4%) –de los 35.222 jubilados en el exterior de origen canario, apenas 3.000 reciben ayudas de ancianidad del Ejecutivo central–, los asturianos (6,2%) –cobran estas prestaciones 1.786 de los casi 29.000 emigrantes mayores de 65 años procedentes del Principado– y los andaluces (5,6%) –2.791 pensiones de casi 49.200–. Los emigrantes españoles que menos recurren a estas ayudas asistenciales del Gobierno son los madrileños (1,7%), extremeños (2,3%) y murcianos y castellano manchegos (2,7 por ciento).
Por países de residencia, los emigrante en Argentina son los más beneficiados (más de 15.700 pensiones asistenciales), seguidos de Venezuela (4.298) y Uruguay (2.313).
Estas pensiones asistenciales por ancianidad, aprobadas en 1993, están dirigidas a emigrante mayores de 65 años y que carezcan de ingresos o rentas suficientes. La cuantía es variable, en función de sus ingresos, número de familiares con los que conviva e ingresos de que estos dispongan y país de residencia –paridad del poder adquisitivo de España y el país de que se trate, teniendo en cuenta el nivel de cobertura de la asistencia sanitaria, la renta per cápita, las tasas de inflación, los niveles de pensiones y salarios y el coste de la cesta básica de la compra–. En cualquier caso, la cuantía no superará la establecida en España para la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva.
De la última tanda de ayudas asistenciales a españoles en el exterior –se pagan cada tres meses– se beneficiaron un total de 27.057 emigrantes, según los datos del Ministerio de Empleo, lo que supone un 24% menos que los casi 36.000 del año anterior.
"El número se ha reducido porque ha disminuido la cifra de posibles beneficiarios. Cuestión de edad", explica el director de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, al tiempo que destaca que el importe de las prestaciones se ha incrementado, en algunos casos hasta el 20%, como es el caso de pensionistas españoles en Venezuela.
En una época de crisis como la actual, Miras Portugal destaca el hecho de que el Gobierno no haya recortado estas prestaciones a la diáspora, para las cuales ha reservado este año 66,5 millones –incluidos 9 millones de asistencia sanitaria–. "Hemos tenido que priorizar. No era fácil tomar una decisión, pero se ha apostado por mantener las pensiones en el extranjero", ensalza el exconselleiro de Emigración en el último mandato de Fraga.
Compensaciones para 249 "niños de la guerra"
Huyeron de los bombardeos y de los combates. Entre 1936 y 1939, unos 30.000 menores de entre tres y 15 años fueron evacuados a Francia, Bélgica, Inglaterra, la URSS, México, Suiza, Dinamarca, Suecia o Dinamarca. En la posguerra, otros 70.000 escaparon de la miseria y el hambre rumbo a un destino incierto.
De aquellos "niños de la guerra", hoy octogenarios, más de 2.000 reciben una ayuda económica del Gobierno español de un máximo de 7.059 euros anuales. Una compensación que solo perciben aquellos "niños de la guerra" que tienen unos ingresos inferiores a esa cantidad. En el caso de Galicia, el número de beneficiarios que todavía hoy permanecen en el país de acogida asciende a 249.
Setenta años después de la evacuación y el traslado a colonias escolares, la mayoría sigue residiendo en los países suramericanos que décadas más tarde acogerían a los emigrantes gallegos, pero también en Rusia, que durante los años de la Guerra Civil y la posguerra se involucró en la acogida de los niños que huían del conflicto.
La presión de las asociaciones que aglutinan a los "niños de la guerra" y sus familiares para que el Gobierno español reconociese las circunstancias que rodearon a este colectivo y les compensase por la repercusión que tuvo en sus vidas abandonar España a tan corta edad no dio sus frutos hasta principios de 2005. El 18 de marzo de ese año el Gobierno aprobó un decreto-ley por el que se reconocía una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad –establecida en aquella época por debajo de los 23 años– como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
