A fuerza de tantos y bruscos cambios como acumula el sistema financiero español en estos tres largos años de ajuste, toda una auténtica reconversión sectorial, la sucesión de fusiones, normativas y ayudas multimillonarias acabó derivando en un caos, que el país está pagando muy caro en los mercados. Y, como el Estado, las propias entidades y las empresas que necesitan liquidez tanto de la banca como de los inversores de fuera. Por eso el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera una prioridad que el Gobierno "realice plenamente" los procesos de "saneamiento, reestructuración y recapitalización" a través del rescate europeo de hasta 100.000 millones apalabrado hace justo una semana. El organismo que preside Christine Lagarde reclama además que tanto éste como el resto del "paquete de reformas integrales" destinadas a recuperar la confianza se comuniquen de forma "clara y coherente" a las autoridades y la ciudadanía.
Las numerosas vueltas que Moncloa le dio al mecanismo acordado con el Eurogrupo el pasado sábado se mezclaron en los últimos días con la enésima discusión sobre otro delicado concepto. El de la liquidación de entidades. La "única opción razonable" a ojos de Bruselas para alguno de los grupos españoles si el impacto del cierre es menor para el contribuyente que el fortalecimiento, y que el comisario de Competencia dio por hecho para al menos "una" de las tres entidades nacionalizadas. El FROB lo negó. Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia también. Pero la vicepresidenta dejaba la puerta abierta a que pueda ocurrir en el futuro cuando tras el consejo de Ministros del viernes se le preguntó expresamente por la opinión oficial acerca de las declaraciones de Joaquín Almunia.
"Yo creo que es mejor esperar a ver cómo se van cumpliendo cada uno de los pasos del procedimiento –señalaba Soraya Sáenz de Santamaría– antes de anticipar cosas que no son ni seguras ni en este momento ciertas".
El mensaje de la número dos del Ejecutivo sobre las liquidaciones de entidades –que, por otro lado, es la terminología que Bruselas emplea para la solución de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, es decir, cajas intervenidas que finalmente fuero subastadas– se asemeja mucho al que ella misma lanzó en las horas previas de la formalización del rescate con su negativa a desmentir o confirmar con rotundidad lo que se daba seguro en aquel momento. Lo cierto es que la presión sobre España para que tome medidas con el sector en particular y con las entidades participadas por el Estado en particular no ha dejado de incrementarse. El FMI incluso insta a clasificar a los bancos españoles en función de si son viables por sí solos, si necesitan ayuda y podrán seguir adelante después de un plan de reestructuración "fuertemente supervisado" y los que directamente se consideran "no viables". En el caso de las que cuentan con participación pública, el organismo urge sus ajustes y el coste del apoyo, junto con el consejo al Gobierno de que refuerce su "capacidad" para gestionarlas o "eventualmente" venderlas e "idealmente" obtener un beneficio.
Algo en lo que tendrá mucho que ver la primera fase del examen externo al sistema, con el informe de las consultoras externas Oliver Wyman y Roland Berger. La filtración de los resultados preliminares estima la ayuda al sector en entre 60.000 y 70.000 millones de euros, de los que 19.000 irían para Bankia –como pide su nueva cúpula–, otros 10.000 para Novagalicia y 10.000 más para CatalunyaCaixa. La entidad gallega insiste en que su proyecto es sostenible y reclama una tercera inyección –del FROB1 recibió 1.162 millones y otros 2.400 del FROB2 para su nacionalización por encima del 90%– que permita limpiar la cartera y facilitar así la entrada a los inversores privados. La antigua caja catalana pide abiertamente una subasta convencional, la opción que también aconseja el Banco de España para el banco fruto del matrimonio entre Caixanova y Caixa Galicia.
El diagnóstico
Que el test del FMI apuntara a ambas y Bankia como las principales debilidades del sistema o que la firmas auditoras insistan ahora en lo mismo era esperable a la vista del diagnóstico que el supervisor español recoge en su última Memoria de Supervisión Bancaria, relativa a 2011 y, por lo tanto, sin englobar al grupo BFA en el grupo de "entidades FROB", y sí a CAM y Unnim. A todas ellas achaca el Banco de España el 41% del incremento total de la morosidad el pasado ejercicio, casi punto y medio, hasta el 5,44%.
"En las entidades controladas por el FROB, y debido a los saneamientos efectuados en las mimas –apunta–, el patrimonio neto supone la mitad del peso que les correspondería por tamaño, compensando la financiación interbancaria, los depósitos a plazo de la clientela y los pasivos subordinados dicho déficit de financiación". El supervisor recuerda el problema de los créditos fiscales –unos 2.000 millones en Novagalicia–, con "niveles comparativamente muy elevados". La caída de depósitos en estas entidades alcanzó el 9%, mientras que la compra de deuda española se elevó un 80% y, ante el cierre de los mercados, la dependencia del Banco Central Europeo se disparó un 150%.
Rajoy bromeó con Almunia sobre su "dimisión"
La polémica alrededor de las palabras del Joaquín Almunia con la posible liquidación de entidades se vivió más fuera del Gobierno que dentro. El mismo día en el que los populares insistían en pedirle al comisario europeo que dejara el cargo, él y Mariano Rajoy se citaban en Moncloa y en el encuentro, según publicó ayer El Mundo, el presidente del Ejecutivo bromeaba con lo sucedido. "Tendré que decir que te he pedido que dimitas", le dijo, según este mismo periódico, que recoge también el compromiso de Almunia de ser más prudente. A la salida, el comisario aseguró no haberse arrepentido de sus declaraciones
