El lunes 4, el comisario de Economía de la UE, Olli Rehn, anunció su disposición a permitir que el mecanismo europeo de estabilidad pueda acudir al rescate de la banca española sin que Europa tenga que intervenir al Estado español.
El martes, el Rey de España proclamó en Chile (con el permiso preceptivo del Gobierno) que la deuda pública española es inferior a la media europea. Es la primera vez que el actual Gobierno lo dice, aunque sea por persona interpuesta. Ese mismo día, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, proclamó que "los hombres de negro no van a venir a España" para intervenirla, pero admitió que sí podría haber un rescate europeo de los bancos españoles. Y el G-7, el grupo de las siete mayores potencias del mundo, precipitó una cumbre por videoconferencia para emplazar a Europa a que acuda en auxilio del sistema financiero español y a Alemania para que no ponga obstáculos.
El miércoles 6, el jefe del grupo parlamentario del CDU alemán, Volker Kauder, el partido de la canciller Angela Merkel, proclamó: "España necesita acudir a los fondos de rescate europeos, pero no por la situación de sus finanzas estatales, sino por la de sus bancos".
El jueves 7, FMI, S&P, Fitch y "Financial Times" difundieron distintas cuantificaciones de las necesidades de capital de la banca.
El viernes 8, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió la recapitalización de los bancos. Reuters y Bloomberg dijeron que la petición española de ayudas para su sistema financiero era inminente. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no lo descartó.
Ayer, sábado 9, y por vez primera, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, admitió: "La situación de las finanzas públicas españolas de ninguna manera se puede comparar con las de los países intervenidos". El Eurogrupo convocó una teleconferencia urgente para analizar el rescate europeo de los bancos españoles. Y su presidente y primer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, aseguró a una emisora alemana que el problema español es puramente bancario.
Después de dos años de persistente discurso nacional en torno a un apocalíptico riesgo de intervención y rescate del Estado español por la crítica situación de sus finanzas públicas, y después de cuatro ejercicios consecutivos de discurso monotemático sobre el déficit fiscal, la deuda soberana y la gestión de los recursos públicos como primer y decisivo mal de la economía española, la semana que ahora termina ha colocado a los españoles frente a la cruda realidad y ante la evidencia de lo que con tanto empeño se ha pretendido ignorar durante este cuatrienio: Europa está a punto de acudir al rescate de España, pero no por sus delicadas cuentas públicas, sino por sus deterioradas cuentas privadas. "No es un problema de la Administración pública española, sino de sus bancos", dijo el miércoles el jefe parlamentario de la CDU, el partido guardián de la ortodoxia en la eurozona.
Acabáramos. El problema prioritario de España, la dolencia número uno del país, lo que va a motivar la movilización de elevados recursos europeos para el rescate de España no son los 734.000 millones de deuda acumulada a 31 de diciembre por el conjunto de las administraciones públicas –en contra de lo que se ha argumentado durante más de 24 meses consecutivos y por más que sea una cuestión relevante y necesitada de cuidados–, sino los dos billones de euros de débitos privados de una de las economías más apalancadas de Europa: 855.840 millones que adeudan las familias y 1,24 billones que deben las empresas.
Si la banca española va a tener que ser rescatada ahora desde el exterior es porque durante la inmensa burbuja inmobiliaria y el fortísimo crecimiento de la demanda interna el consumo y la inversión de ese dilatado período de expansión nacional y prácticas especulativas que va de 1996 a 2007 la economía privada española acumuló un endeudamiento que es más de dos veces el producto interior bruto (PIB).
Y ahora, a la vista de ese descomunal riesgo asumido, los mercados ya no prestan dinero a la banca española porque la deuda externa española es 1,7 veces el PIB, una de las más elevadas del planeta, de la que el 85% es privada.
Ni el excesivo déficit público español e incumplimiento del 6% del PIB comprometido del año pasado, ni la revisión inicial hasta el 8,5%, ni la posterior elevación al 8,9%, ni la incapacidad para llegar este año al 4,4% pactado, ni la sospecha de que tampoco se va a cumplir con el 5,3% que finalmente se renegoció, han abocado a la intervención formal de la Hacienda pública de España. Pero sí puede serlo el país de modo inminente por los riesgos contraídos por su sector financiero con los agentes privados y la inmensa deuda privada. Justo lo que España y los españoles llevan cuatro años tratando de ocultar.
Esta semana pasará por ello a la historia de esta crisis como la del desengaño. Es decir, como la semana crucial en que un país, España, después de intentar eludir la realidad durante mucho tiempo, tuvo que afrontar la evidencia de dónde residen sus mayores dolencias, su factor más vulnerable y el origen primero de sus problemas.
La mayor crisis mundial desde la de 1929 surgió en EE UU –sin perjuicio de errores públicos de regulación y supervisión– por los excesos y negligencias perpetrados en su economía privada, y no fue otro el desencadenante de los específicos rasgos y males de esta ya doble recesión en España. Y ello aunque el desplome de la actividad, el colapso crediticio, el estallido de la inmensa burbuja inmobiliaria, la pavorosa destrucción de empleo, el aumento del gasto público en cobertura del paro y las políticas de estímulo de 2008-2009 y el brutal hundimiento de la recaudación tributaria hayan contagiado los males al sector público, generando también una crisis de deuda soberana.
Pero el verdadero origen de los problemas siempre estuvo allí donde ahora se va a producir el rescate: en la economía privada, y no en el sector público.
