La necesidad de aumentar los ingresos, debido a su caída por la crisis, ha provocado que todas las administraciones, incluida la Xunta, se vean obligadas a incrementar las inspecciones fiscales, subir tasas y bucear en sus registros para exprimir al máximo las posibilidades recaudatorias. Pero esta actitud tiene también sus consecuencias. Ha provocado que se disparen un 35% los recursos para evitar el pago, o al menos reducir la cuantía, de los tributos –propios y cedidos– que gestiona la Administración autonómica. Así, el Gobierno gallego tiene bloqueados 120 millones de euros en un tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda por reclamaciones de contribuyentes, que no están de acuerdo con lo que deben aportar a las arcas públicas. Esta cantidad es casi el doble del recorte de 69 millones que la Xunta debe acometer este año con respecto a 2011 en sus cuentas para ajustarse al déficit público del 1,5%.
Las reclamaciones de los contribuyentes sobre impuestos autonómicos –básicamente los de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones– se están dilucidando en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (TEAR), dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro.
Cada año el Gobierno gallego se enfrenta a una "paralización" de una cantidad más o menos fija de dinero procedente de la recaudación derivada de las reclamaciones ciudadanas. Sin embargo, la cifra de este año, recogida en el plan de ajuste enviado por la Xunta al Gobierno central, es un 35% más elevada que el año pasado, según fuentes de la Consellería de Facenda. "Esto se debe a que este año se realizaron más actuaciones de comprobación", explican desde el departamento de Elena Muñoz. De rondar los noventa millones "bloqueados", por tanto, se pasa ahora a 120.
Ante la caída de ingresos y la necesidad de ajustar al máximo el gasto, la Xunta ordenó tanto a sus inspectores como a las oficinas liquidadoras (de las que prescindirá el año que viene) aumentar el control sobre los contribuyentes, por lo que muchos ciudadanos recibieron notificaciones de pagos que estaban en el limbo. Un ejemplo: las propiedades heredadas, cuyo estado se comprueba para conocer si están al día en sus pagos y a quién les corresponderían estos. A más comprobaciones, más liquidaciones, más reclamaciones y, por tanto, más suspensiones de dinero.
Si en 2010 quedaron bloqueados alrededor de 90 millones, en este ejercicio la cifra se ha disparado a 120. Esta cantidad equivale al presupuesto que maneja este año la Presidencia de la Xunta y son apenas seis millones más de lo que el Ejecutivo cede a los ayuntamientos.
Desde la Consellería de Facenda indican que cada ejercicio suele cobrarse la práctica totalidad del dinero bloqueado, si bien la espera para acceder a esos fondos puede dilatarse entre seis meses y aun año en función de si el proceso de reclamación es por abreviado u ordinario. Durante ese tiempo, una inyección de liquidez como podrían ser 120 millones no estarán disponibles para el Gobierno gallego, clave en un contexto de crisis económica inédito como el actual.
La liquidez resulta clave para la Xunta en un escenario en el que cada vez resulta más difícil acudir al mercado de deuda, si bien Galicia todavía puede acceder a él. Eso sí, los costes financieros se dispararán un 60% en apenas dos años al pasar de los 589 millones de este ejercicio a los 940 de 2014: uno de cada diez euros del presupuesto se destinará a pagar la deuda.
Cuarta parte
Los 120 millones suponen un buen pellizco de los ingresos propios de la Xunta, casi la cuarta parte. El año pasado, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cayó ligeramente casi un 7% desde los 331,9 millones de 2010 a 309,3, aunque quedó compensado con un incremento del 18,4% en el impuesto de sucesiones y donaciones, que pasó de 152,7 millones a 180,9, según los datos del plan de reequilibrio enviado por la Xunta a Hacienda.
El inicio del año, sin embargo, no está mostrando un buen comportamiento general en Galicia, que aún así sigue mostrando una mejor salud que el resto del Estado. Durante el primer trimestre, la recaudación general cayó un 2,4%, una caída de las más suaves de España, donde la media en el conjunto del Estado roza el 13%, según los datos de la Agencia Tributaria.
Por ello, contar cuanto antes con esos 120 millones supondrá un alivio para las arcas autonómicas y permitirá disponer de una liquidez que ha menguado desde la irrupción de la crisis. Si en 2009 los fondos líquidos del Gobierno eran de 600 millones, el ejercicio siguiente se cerró con 337 y el año pasado apenas alcanzó los 246, de acuerdo con el plan de ajuste de la Xunta.
