El que usa, paga. Esa es la teoría que el Gobierno planea poner en práctica para sufragar el costoso mantenimiento de la red autovías. El debate no es nuevo, pero sí las dificultades en las que se encuentran las arcas públicas para hacer frente a los 1.400 millones de euros anuales en los que el sector privado cifra el gasto en la conservación de viales.
Un año es el plazo en el que el Ministerio de Fomento podría poner en marcha los llamados peajes blandos –más baratos que los actuales, porque no incluyen la amortización de la construcción de los viales– que, en principio, solo afectaría a los usuarios de turismos, según desvelaba ayer Cinco Días. Los que no se verían perjudicados, por el momento, son los camiones.
La red de alta capacidad española creció en los tiempos de bonanza económica primando las autovías libres de peajes frente a las de autopistas de pago, gracias a la financiación europea para paliar la situación periférica de España. Así, el país cuenta ahora con 12.363 kilómetros de autovías frente a los pocos más de 3.000 de las autopistas, según los datos de la asociación española de concesionarias de infraestructuras viarias Asteta. En Galicia, las autovías titularidad del Estado y de la Xunta suman una longitud de alrededor de 700 kilómetros, mientras que las vías de pago se quedan en la mitad (más de 300 kilómetros), un porcentaje mayor que la media estatal.
La Administración autonómica ha presupuestado en 2012 alrededor de 46 millones para estos trabajos, pero la Asociación Española de Carreteras calcula que haría falta una inversión extra de 258 millones. Fomento plantea que esta carga no recaiga sobre todos los contribuyentes, sino solo en aquellos que hagan uso de estos viales. El ministerio ya debatió esta propuesta en tiempos de José Blanco y Magdalena Álvarez, pero es la actual coyuntura la que apremia su puesta en marcha. Para realizar el cobro, el Gobierno sopesa la instalación de arcos inteligentes, la implantación de un céntimo en las gasolineras o la venta en estancos de viñetas (pegatinas que se insertan en la luna del coche).
El "pago por uso" no es nuevo en Europa. Suiza lo aplica desde 2001, mientras que Portugal lo implantó en octubre de 2010 y Alemania tiene previsto hacerlo en 2013. También se cobra para el acceso a las ciudades de Estocolmo y Londres. Sin embargo, el experimento no salió bien en Holanda ni en Estados Unidos al discriminar por tipo de vía o franja horaria. En España, ya han presentado propuestas en este sentido el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, así como la Asociación Española de la Carretera. Ambas apuestan porque paguen solo aquellos conductores que superen los 15.000 kilómetros al año.
Lo que sí parece descartar el Gobierno central es la introducción de la Euroviñeta, que grava el tráfico de vehículos pesados por el deterioro que causan a las carreteras y al medioambiente. Es una directiva europea de aplicación opcional que ya tienen que pagar los camiones que atraviesen Alemania, Austria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, independientemente de su nacionalidad.
25.000 vehículos se negaron a pagar en Cataluña
Un 1,5% de los conductores que en la mañana de ayer utilizaron las autopistas catalanas se negaron a abonar los peajes. En total, fueron alrededor de 25.000 vehículos los que participaron en la protesta convocada por la plataforma Prou Peatges (Basta de peajes) en once peajes catalanes y tres valencianos, según los datos de la propia concesionaria, Abertis.
La movilización logró ocasionar retenciones de un kilómetro en dos de las zonas de pago. En concreto, en Vilassar de Mar y en Sant Vicens de Castellet, según el Servei Catalá del Trànsit.
El objetivo de esta actuación es denunciar y luchar contra el agravio comparativo que esta plataforma cívica considera que sufre Cataluña con respecto al resto del Estado. En las últimas tres semanas, alrededor de 1.500 personas se han negado a pagar. El colectivo ha celebrado que algunos peajes levantaran la barrera para dejar pasar a los manifestantes. Sin embargo, la empresa lo ha desmentido y asegura que ha identificado la matrícula de todos los conductores que se han negado a pagar para tramitar la correspondiente denuncia.
