Solo un 5,69% de la población gallega –entre beneficiarios de pensiones no contributivas y parados de larga duración– estará exento de contribuir al pago de sus medicamentos, por lo que ayer no era difícil encontrar afectados por la ampliación del copago farmacéutico a la puerta del centro de salud del barrio de Teis. Aunque todos critican que vuelvan a recaer sobre el bolsillo del contribuyente los esfuerzos económicos para paliar el déficit, la mayoría se muestra conforme con que los pensionistas también paguen por los medicamentos. Eso sí, solo aquellos con las prestaciones más altas.

"Los que cobran mucha pensión tienen que dar algo más", considera Pastora Álvarez, que no ve tan censurable que el Estado haya incluido a los jubilados en el copago farmacéutico como que lo mantenga para aquellos que estén en el paro, como sus hijos, a los que no descarta tener que ayudar con su prestación mínima ante los problemas económicos que atraviesan.

"Si la situación está tan endemoniada como dicen y me tienen que quitar ocho euros al mes por los parados, lo asumo", sostiene Luz García, en cuya casa solo entra su pensión mínima y una mayor de su marido, un enfermo del corazón que consume alrededor de ocho pastillas al día. Luz recomienda al resto de pensionistas que no se quejen y "hagan un sacrificio, en vez de tomar el café". Más le preocupa la situación de las familias con hijos que no logran llegar a fin de mes, como le sucede a sus hijos. "Son autónomos y están con el agua al cuello", lamenta.

Leonor Castro López también consume muchos fármacos, tras sus dos operaciones de corazón, y muestra su gran enfado por el gasto que le va a suponer ahora adquirir los medicamentos que necesita, porque "son un poco caros". Explica que ya ha tenido que sacrificar una de sus debilidades, la ropa, y ahora planea ya en que otros ámbitos tendrá que recortar su presupuesto doméstico. De todos modos, lo que más teme es que le retiren otras prestaciones, como las revisiones.

"Lo que quieren es que la gente mayor nos vayamos pronto", ironiza el pensionista Carlos Portabales, que considera que existen otras fórmulas para paliar el déficit sanitario. "Deberían buscar el dinero en las grandes multinacionales, pero siempre nos toca a los mismos", critica. José Tobío González propone que se destine el 10% del IRPF y los impuestos del tabaco y el alcohol.

En Galicia hay 724.827 personas con pensiones contributivas –datos del Instituto Galego de Estadística– que el Estado acaba de incluir en el copago farmacéutico. Según la última memoria elaborada por el Sergas –la de 2009– este 26% de la población es el responsable del 75% del total del gasto farmacéutico en la comunidad, que ascendió en 2011 a 829 millones.

Pero no solo los mayores sufrirán en sus bolsillos la ampliación de este copago. También afectará a los trabajadores que cobren más de 22.000 euros. Rocío Alonso, con dos niñas de 10 y 6 años, muestra su rechazo a un nuevo incremento del gasto que sumar a las ajustadas cuentas familiares. "No solemos gastar en medicamentos, pero luego llega un mes con un gasto muy alto. Tendré que quitarlo de otro sitio", se resigna.

Los farmacéuticos dudan de un sistema de "complicada y costosa" implantación

A pesar de estar de acuerdo con el reparto del copago farmacéutico en función de la renta, los farmacéuticos españoles dudan de que la medida suponga un ahorro real debido a su "complicada" y "costosa" aplicación.

"Como hay mucha diversidad en las propuestas que se han hecho, puede requerir un sistema laborioso que no sabemos cómo se va a aplicar", sostiene la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles a través de su vicepresidenta tercera, Isabel Vallejo.

La misma desconfianza muestra Juan Fernández Belamendía, titular de una farmacia en la parroquia de Teis. "Todavía no hay ni tarjeta única y, por lo que he leído, quieren crear hasta nueve recetas diferentes", argumenta y concluye: "eso es demasiada burocracia, aún no saben ni ellos cómo lo van a articular". Dos meses es el plazo que se ha dado el Ministerio de Sanidad para poner el nuevo sistema de reparto de las cargas farmacéuticas en marcha. "Habrá que verlo", duda Fernández, aunque explica que a su colectivo ni le beneficia ni le perjudica la medida.

Miriam Fernández, auxiliar de farmacia, sí observa algunos perjuicios para su profesión. "Habrá un montón de disputas, como cuando se implantaron las recetas electrónicas, y tendremos que pararnos a explicárselo a la gente porque pocos médicos lo harán", sospecha. De todos modos, no es lo que más le preocupa de las nuevas medidas del Ministerio de Sanidad, en las que no ve ningún tipo de solución real. "Vamos a estar en las mismas: arruinados", asegura y basa su afirmación en la "gran inversión" que intuye que el Estado tendrá que realizar para la creación de las nuevas tarjetas

Lo que no pone en duda esta madre de familia es la conveniencia de que los pensionistas con prestaciones superiores a los 1.200 euros contribuyan a pagar sus medicamentos. "El colectivo tiene gastos muy grandes y algunos de sus fármacos son muy caros", explica y añade que la medida sí que servirá para disuadir a los pacientes de adquirir más productos de los necesarios "para acumular en casa".

Otra de las incógnitas que pone el colectivo sobre la mesa es la protección de la privacidad de los datos de los ciudadanos al tener que conocer el nivel de renta de cada usuario para aplicarle la diferente tarifa. "Voy a poder enterarme de la situación económica de cada uno de mis clientes", reprueba Juan Fernández.