Dos presos del centro penitenciario de A Lama presentaron el pasado miércoles sendas denuncias contra funcionarios de la prisión pontevedresa por supuestos delitos de torturas. El Observatorio Para a Defensa dos Dereitos e Libertades Esculca sostiene que no se trata de casos aislados, sino que en el último mes se ha producido "un progresivo deterioro del respeto a los derechos fundamentales de los presos". Por ello, urgen a los responsables institucionales a que adopten medidas al respecto.

El colectivo relaciona esta situación al reciente nombramiento del subdirector de seguridad del centro "y a la introducción de métodos expeditivos para abordar los problemas de convivencia". Sostiene que se producen agresiones y malos tratos a internos, como el encadenamiento prolongado en el módulo de aislamiento "de manera injustificada y prolongada".

El preso Juan José N. R. expone en la denuncia que el pasado miércoles presentó en el Juzgado de Guardia de Pontevedra que fue reiteradamente golpeado y obligado a desnudarse y hacer flexiones por demorarse en el cumplimiento de la orden de traslado a otro módulo y tras sufrir un episodio de convulsiones epilépticas. Añade que, tras pasar varias horas en una celda de aislamiento, la médica del centro ordena su traslado a la enfermería.

El otro denunciante es Roi A. B., que acusa a los funcionarios de trasladarlo al módulo de aislamiento "a rastras, con la cara por el suelo". Asegura que "le pisan la cabeza, le revientan una ceja a puñetazos y le dan patadas" y que, ya en su destino, "lo esposan de pies y manos a una cama, le sacan los zapatos y le golpean en las plantas de los pies y en el estómago con un objeto contundente, permaneciendo en esa situación 15 horas".

Esculca asevera que en estos días se produjo un tercer caso, el de Roberto F.P., al que le suprimieron de forma repentina la medicación, a pesar de sufrir padecimientos intestinales y psíquicos.

De todo ello hay imágenes, según explica el letrado de los dos denunciantes y secretario de Esculca, Guillermo Presa, que ha solicitado al juez que ordene "de forma inmediata" a la dirección del centro penitenciario que las preserve. Por anteriores experiencias, vaticina que no será fácil: "Como son administradas por la prisión, no las hemos conseguido otras veces porque lo que se busca es la impunidad".

"Los casos de maltratos en las cárceles gallegas son mucho más frecuentes de lo que se pueda pensar", asevera y lamenta que salgan pocos a la luz. Explica que los reclusos no suelen denunciar por miedo a represalias y que, de hacerlo, son pocos los casos que se someten a pesquisas oficiales. "España ha sido condenada en cinco o seis ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de tortura", destaca. Aunque se logre una condena, critica Presa, "lo habitual es que el Gobierno indulte al autor".

"Una de las peores cosas que se puede hacer es que las personas que se dedican a estas cosas –funcionarios de prisiones, guardias civiles y policías– tengan una sensación de impunidad porque eso es un acicate para que se produzcan", concluye el secretario del observatorio. Para evitar que los últimos casos de A Lama acaben igual, han iniciado una campaña para que la ciudadanía en general, y las asociaciones de lucha contra la tortura en particular, envíen faxes a la Fiscalía de Pontevedra, al Valedor do Pobo, al Defensor del Pueblo y al Juez de Vigilancia, para que se interesen en el asunto.