La hora a la que Novagalicia comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su estrategia definitiva para adaptarse al decreto de saneamiento impuesto por el Ministerio de Economía, bien pasada la medianoche, refleja la delicada situación en la que está ante la recta final de la reestructuración financiera. La limpieza de parte del ladrillo que acumula en el balance, una de sus grandes debilidades, lleva a la entidad a cerrar el pasado ejercicio con pérdidas. Hasta 186,2 millones de euros, que ascenderían realmente a los 239,2 millones sin el efecto de la devolución de impuestos. Detrás de estos difíciles números hay, según el banco, una limpieza que supera los 2.000 millones de euros en activos, incluso con la revisión de la contabilidad durante la fusión de las dos cajas. Lo que no impide que la normativa del nuevo Gobierno le obligue a alcanzar otros 2.340 millones de euros para provisiones y capital. El consejo de administración aprobaba ayer la presentación al regulador de dos vías para conseguirlo. O una subasta convencional, o la apertura a inversores minoritarios para al menos el 20% del capital. "En ambos casos, apoyadas por el correspondiente Esquema de Protección de Activos (EPA)", indica la comunicación a la CNMV.

Que Novagalicia ponga sobre la mesa dos posibles caminos para su futuro es toda una novedad. Porque lo único que su presidente, José María Castellano, barajaba era el desembarco de fondos internacionales. En un primer momento, con entre 500 y 700 millones de euros, que en Moncloa elevaban hasta 1.000 millones como mínimo para sentarse a hablar de cualquier garantía que exigiesen a cambio de la aportación. La primera de las alternativas respaldada en el principal órgano de decisión de la entidad –con unanimidad de los doce miembros, entre ellos los tres que representan al FROB– apunta directamente a "un esquema de subasta como el empleado hasta ahora de forma habitual en los procesos análogos recientes". Es decir, la puja por toda la participación del Estado, ligeramente superior al 90%, y equivalente a 2.400 millones de euros.

La otra, en la que la dirección del banco estuvo trabajando las últimas semanas. Un "proceso competitivo" –que, a diferencia de una puja como las que se sucedieron recientemente con la CAM o Unnim, vaya más allá de la oferta menos costosa y apele a otros criterios que ayuden al proyecto propio de Novagalicia– por el nivel mínimo que necesita para rebajar la solvencia del 10% al 8%. Una reducción que permitiría a la entidad movilizar internamente de la hucha de recursos propios por encima de los 1.000 millones de euros para ejecutar el saneamiento del ladrillo.

¿Y cómo? Con la emisión por parte del FROB de obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones, "como primera fase de un proceso de desinversión completo". La intención de Castellano, según apuntan varias fuentes, es mantener al Estado como accionista los tres años que permita la normativa. Para esta alternativa, Novagalicia reclama también un EPA, en línea con las condiciones de los inversores extranjeros a los que se ha tocado, que quieren blindarse tanto a posibles pérdidas futuras como a que su inyección no pierda valor.

Sin los 223,6 millones de euros en provisiones que recoge el avance de las cuentas de 2011, el resultado de explotación de Novagalicia se hubiera situado en 74,9 millones de euros. "Es positivo", recuerdan en el banco. Pero el beneficio se desploma después de reforzarse contra la morosidad. De ahí que la entidad se acoja a lo que marcan los contratos con las polémicas preferentes y las obligaciones subordinadas perpetuas y ayer anunciara también que dejará de pagar los intereses de todas las emisiones. "No obstante –matiza–, esta circunstancia se considera coyuntural, por cuanto la estrategia de cumplimiento debiera permitir que NCG Banco resuelva este asunto".

Decisión

A diferencia del resto del sector, esa estrategia de Novagalicia para adaptarse al nuevo escenario no tiene solo que convencer. Que el Banco de España avale las medidas –tiene quince días hábiles– porque puedan ejecutarse y alcanzar las provisiones –1.600 millones– y el extra de capital –otros 740– impuestos sobre los activos vinculados al ladrillo. En su caso, hay un importantísimo pilar sobre el que descansa todo lo demás. El respaldo del Gobierno a proteger con dinero público o a través del escaso ya Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las cantidades de los inversores.

En el seno del consejo de Novagalicia ayer quedó la sensación de que el futuro pasa por "una decisión política". La otra prueba de que las reglas de juego no acaban de convencer en el Ejecutivo es el propio hecho de que el plan remitido al Banco de España ofrezca dos alternativas. El Ministerio de Economía insiste constantemente en la necesidad de cerrar de una vez por todas la reestructuración financiera, con la confesión expresa de De Guindos de que las entidades "débiles" se fusionen con otras fuertes y dejar un mapa de no más de una docena de bancos. Eso sí. Esta semana, el ministro omitió a la entidad gallega de su meta de acelerar "en días, semanas" las próximas subastas, cuando el día interior sí la había recogido en el grupo junto a CatalunyaCaixa y Banco de Valencia.