Un funcionario del ayuntamiento de Cangas trabaja cada semana casi una jornada menos que un compañero del concello de Baiona: 30 horas frente a 37,5. Se trata de una de las diferencias más extremas en las condiciones laborales del mapa local gallego. Dentro de su plan para reducir el déficit público, el Gobierno de Mariano Rajoy ha fijado su visión en los funcionarios, al igual que la Xunta. Su intención es unificar sus horas de trabajo al alza. A partir de junio, cuando entren en vigor los presupuestos estatales, los funcionarios municipales de todos los ayuntamientos deberán trabajar 37,5 horas cada semana. Y lo harán después de asumir parte de la carga de las reformas en el sector público: el año pasado sufrieron un recorte salarial del 5% y para 2012 su sueldo está congelado.

En diciembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto que extendió este nuevo horario, superando las 35 horas fijadas por Zapatero, a los empleados a sueldo de la Administración estatal. Comunidades y ayuntamientos dudan desde entonces si deben asumir esa novedad, lo que ha evidenciado en Galicia grandes diferencias entre los funcionarios locales –el personal laboral se rige por otras condiciones–.

A pesar de que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) remitió una circular a los concellos explicando que debían asumir las 37,5 horas porque entendía que afectada a la normativa básica estatal, el Ejecutivo de Rajoy pretende resolver la cuestión a través de los presupuestos generales que presentará el día 30; en ellos se extenderá la jornada de 37,5 horas a todas las administraciones, confirman fuentes del Ministerio de Hacienda. La previsión es que la cuentas se aprueben el 28 de junio y a partir de entonces entre en vigor esta novedad.

La Xunta ya aplica este aumento de la carga de trabajo, contemplado en las medidas de ajustes de sus trabajadores que, en principio iba a mantener temporalmente al menos hasta 2014. Con la medida del Gobierno de Rajoy, la adoptará con carácter indefinido. Galicia es una de las cuatro únicas comunidades que obliga a trabajar a sus empleados 37,5 horas cada semana, junto a Castilla León, Castilla La Mancha y Madrid.

El terreno municipal resulta más resbaladizo, pues es complicado homogeneizar el cumplimiento de estos horarios. Por el momento, existen diferencias entre las condiciones de los 31.043 empleados a nómina de los concellos gallegos, que tienen autonomía para fijar el horario de su personal, pero no para establecer el número de horas laborales.

Mientras algunos funcionarios locales no llegan siquiera a las 35 horas, otros ya cumplen desde hace tiempo la nueva jornada de 37,5, como A Estrada, Baiona, Ourense, Lugo, Muxía, As Pontes, Betanzos o Narón. En Ponteareas se aplicarán dentro de un mes cuando tengan autorización para que funcione el sistema de huella digital para que fiche su personal.

Trabajadores de Vigo y A Coruña descartan trabajar más tiempo

Cangas es un caso referencial a la hora de abordar el horario de los funcionarios municipales. Su alcalde, el popular José Ignacio Sotelo, reconoce que "el convenio fija un horario de 8.30 horas a 14.30", es decir seis horas al día, pero sostiene que adoptarán "lo que diga la ley" mientras recuerda que están centrados en el plan de saneamiento con que saldar su deuda. Otro de los concellos que se acerca a esta cifra es el de Gondomar, con 32,5 horas, si bien ayuntamiento y trabajadores negociarán llegar a las 35.

En Vigo los funcionarios realizan 35,5 horas y la junta de personal adelanta que se negarán a realizar cambios, una situación igual a la de A Coruña, donde, sin embargo, alcanzan las 36 horas y quince minutos. El gobierno local de Rodeiro también descarta elevar las 35 horas que cumplen sus empleados. En esta cifra se sitúan concellos como Lalín –donde un turno matutino los sábados permitirá elevar la jornada a 37,5 horas–, Pontevedra, Forcarei, Nigrán, Vilagarcía, Culleredo, Ferrol, Oleiros o Arteixo, entre otros municipios.