La Xunta llegó a un acuerdo extrajudicial la semana pasada para cobrar 5,5 millones de euros de los 9,6 que reclamaba inicialmente como indemnización por costes de actuación tras el vertido al río Umia de material contaminante procedente de la industria química Brenntag en septiembre de 2006.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que la Xunta y la aseguradora de la multinacional alemana, Chartis, alcanzaron dicho acuerdo económico en la parte indemnizatoria, por lo que en la vista oral que se celebra desde el lunes en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra solo mantiene su petición de responsabilidades penales en el caso.
Fuentes de la Xunta consultadas por Efe han precisado, por su parte, que el acuerdo, mantenido hasta la fecha en el ámbito confidencial para no interferir en el proceso judicial abierto, responde a un "ejercicio de responsabilidad" al asegurar el cobro inmediato de la indemnización ante el "resultado incierto" del juicio.
La Administración autonómica también ha tenido en cuenta la posibilidad de verse abocada a un proceso de recursos que, en todo caso, retrasaría durante años la posibilidad de cobrar, según las fuentes consultadas.
En un principio, la Xunta reclamaba 9,6 millones de euros por costes de actuación para apagar el incendio y contener el vertido tóxico; por daños ecológicos y por las obras de emergencia que acometió para garantizar el abastecimiento de agua a la comarca del Salnés.
El accidente ambiental ocurrió en septiembre de 2006, cuando se produjo un incendio en la planta de la empresa Brenntag en Caldas de Reis y posteriormente un vertido con productos contaminantes llegó al río Umia, que tiñó de un color azul que le duró varias semanas.
En la segunda jornada del juicio, celebrada hoy, varios peritos han declarado que no consiguieron precisar las causas exactas de la deflagración.
El experto de la Guardia Civil en incendios que elaboró el informe pericial ha asegurado que no pudo "determinar concluyentemente" la causa de la deflagración y que esta fue "fortuita".
En el inicio de la vista, el pasado lunes, los tres empleados acusados por el vertido contaminante al río Umia se declararon no culpables y aludieron a altos índices de mortandad de peces antes del accidente.
Los operarios E.E.P. y J.M.M.P., y la consejera de seguridad de la empresa alemana, B.G.V., ratificaron que se cumplieron todos los protocolos y no hubo negligencia en la descarga de tolueno de un camión cisterna a un depósito.
En el transcurso de esa maniobra se produjo una deflagración que dio lugar a varias explosiones y a un incendio en la planta química y un posterior vertido al río de tolueno, un material altamente contaminante empleado en la elaboración de poliuretano, medicamentos, colorantes y detergentes, y de otros productos.
El fiscal pide para los acusados cuatro meses y 15 días de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por omisión e imprudencia grave al no conectar los operarios unas pinzas metálicas desde el contenedor a una toma de tierra para evitar la generación de una chispa, extremo que estos han negado, y por no supervisar la operación la consejera de seguridad.
El conductor de un camión que esperaba descargar material peligroso en la planta de Brenntag en Caldas y que quedó completamente calcinado contradijo a estos al asegurar que no se habían conectado las pinzas en la operación que originó el accidente.
La defensa de los acusados puso en duda este testimonio al permanecer el camionero cerca de la zona de descarga cuando "temía por su vida", tal y como reconoció éste en su declaración.
