La cifra mágica de los 500 millones que, al menos, quiere captar José María Castellano entre inversores extranjeros para alimentar Novagalicia tiene un sentido muy práctico. Junto a la aportación de 70,4 millones que inyectó una veintena de empresarios gallegos el pasado diciembre, la suma de recursos permitiría rebajar un 20% la presencia del FROB en el accionariado, una de las condiciones que el decreto de reforma financiera del anterior Gobierno marca para que la solvencia mínima sea del 8% y no del 10%, como ahora está obligada a cumplir la entidad gallega. Ahí está una de las vías a las que quiere agarrarse la cúpula para aligerar la nacionalización y conseguir además fondos con los que cumplir la normativa del nuevo Ejecutivo sobre el saneamiento del ladrillo, como admitía en la correspondiente notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el impacto que para ella suponían los endurecidos requisitos. Hasta 2.340 millones de euros. El suma y sigue a los casi 2.400 de capital puro que hay que reintegrar al Estado. O acabar en una subasta. Una opción que solo puede salvarse este año si el presidente del banco logra al menos 1.000 millones de euros, según sostienen fuentes conocedoras del plan.

Porque el escenario en este momento no tiene nada que ver con el que en principio diseñó Castellano a su llegada el pasado verano a Novagalicia. Las cuatro ventanas orientadas a ejecutar compras de títulos al FROB quedaron finalmente diluidas para favorecer las operaciones. Algo que ya ocurrió en la única que llegó a abrirse, la de diciembre, cuando el regulador permitió mover únicamente un 2,49% de los títulos, pese al acuerdo inicial de que las transacciones tendrían que superar el 5%.

El máximo responsable del banco reconocía entonces que contaba con la compañía del FROB todo el tiempo que fuese necesario, incluso los cinco años que, teóricamente, y según el decreto que regula el fondo, al cierre de ese periodo la puja sería inevitable. Pero es que el Ministerio de Economía modificó incluso ese plazo y ahora solo es posible recomprar acciones al Estado durante dos años.

Tras el frustrado objetivo de los 150 millones de euros que el prestigioso ejecutivo se marcó en diciembre entre empresarios gallegos y alguno con origen aquí, pero asentado en México –una vía de recapitalización de la que no se ha vuelto a tener noticia, y que se da por perdida–, la negociación se centra en fondos extranjeros, anglosajones, de los que se llegaron a recibir compromisos de interés en firme. Elliot llegó a pedir exclusividad en sus conversaciones, pero la cesta ha acabado por abrirse ante el importantísimo volumen de recursos que hay que manejar.

De hecho, El Confidencial publicaba ayer que los contactos en busca de socios para Novagalicia llegan hasta Japón, donde se está hablando con Daiwa, uno de los pesos pesados de la banca de inversión nipona. La entidad gallega declinó hacer cualquier comentario, salvo que siguen las negociaciones con los fondos interesados.

Con ellos, la clave está en el aval que piden como condición a su entrada, peticiones que han sido exclusivas a las entidades subastadas durante la reestructuración. Las garantías sobre su inversión y un Esquema de Protección de Activos (EPA) que les blinde de cualquier aumento de la morosidad en el negocio a cambio, según Novagalicia, de que si hay mayor beneficio del esperado, aportarán más capital. Así se lo ha trasladado el propio Castellano a varios miembros del Gobierno y al Banco de España, con quien se reunirá en estos días. El calendario aprieta. A final de mes acaba el margen del sector para explicitar cómo se adaptará a la limpieza inmobiliaria. En caso de que para cumplirlo y alargar a dos años el saneamiento el camino sea una fusión, antes del 31 de mayo hay que presentarla.

Fitch prevé "muchas fusiones" por el saneamiento, "un reto mayor" para las entidades con FROB

A la espera de un informe a fondo que ya anuncia, Fitch avanza que la imposición por parte del Gobierno de mayores provisiones financieras sirve para proteger a los bancos de los efectos perniciosos que puedan causar los activos tóxicos del sector inmobiliario. La agencia de calificación señala que el "pronunciado declive" en los precios de la vivienda –que según cifras del INE citadas por la firma alcanzó una media del 11,2% en el cuarto trimestre del año pasado, el peor dato desde el primer trimestre de 2007– pone de relieve la "necesidad de provisiones más duras" para el sector bancario en relación con sus activos inmobiliarios lo que, a su vez, garantizará una mayor transparencia en sus hojas de resultados.

"Los requisitos de aprovisionamientos más estrictos que se aprobaron en febrero presionarán aún más las cuentas de resultados de los bancos y sus niveles de capital, pero vemos estas medidas como un paso necesario y creemos que la mayor parte de los grandes bancos serán capaces de absorber los nuevos requerimientos sin problemas", apostilla la entidad. Esos requerimientos "crean un gran incentivo para más consolidación y muchos de los bancos van a necesitar fusionarse", asegura Fitch, que apunta especialmente a aquellos que han recibido ayudas del FROB.