El Gobierno plantea a la banca frenar los desahucios a cambio de ayudas fiscales

JULIO PÉREZ - VIGO Principalmente por la sangría del mercado laboral, las enormes dificultades para que un parado deje de serlo y aliviar así la enorme caída de ingresos que padecen hoy las familias, los impagos en las hipotecas están en niveles hasta hace poco inéditos. Un 2,68% sobre el total del dinero concedido para compra y rehabilitación de vivienda, que a cierre del pasado septiembre ascendía a 655.700 millones de euros. ¿Cómo estaba esta misma tasa en 2006, cuando a la crisis ni se le veía, ni se le esperaba? Seis veces menos, en el 0,42%, lo que muestra muy gráficamente el impacto que el parón económico supone para el bolsillo doméstico.
Aunque es cierto que la morosidad genérica es mucho más elevada por la influencia de las empresas vinculadas al ladrillo –un 7,61%, ya con los datos de diciembre–, que lo último que se suele dejar de pagar es el piso, los casos de pérdidas esconden auténticos dramas familiares. Peor incluso que el desempleo, como el propio ministro de Economía admitía hace una semana, y a lo que se agarra para lanzar un plan orientado a frenar los desahucios. Por un lado, con cambios legales, y, por otro, con un Código de Buenas Prácticas que quiere consensuar con el sector financiero, que tendrá la última palabra.
Luis de Guindos ofrece incentivos fiscales y proyección pública a las entidades que, voluntariamente, permitan a los desempleados sin patrimonio cubrir la deuda con la entrega de la casa y una prórroga de dos años en los pagos.
Lo que sí está directamente en manos del Gobierno, para lo que prevé "medidas normativas", es la definición de los colectivos "en el umbral de la exclusión social", a los que se dirigen la mayoría de ayudas. Familias que tengan a todos sus miembros en paro, con solo una vivienda y sin patrimonio "adicional". "Se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude", advierte el ministerio.
Las modificaciones legislativas incluirán "la atenuación" para estos hogares de los intereses derivados del retraso en el cumplimiento del crédito –"donde hay un margen claro para la moderación", destaca, casi como crítica, Economía– y la "mejora" de los procesos de ejecución hipotecaria. De las subastas de inmuebles por impago.
Agilidad y transparencia
El Ejecutivo aspira a que el precio sea "lo más elevado posible" con la creación de un mercado nacional de pujas "ágil y transparente", gracias al impulso que se quiere dar a los acuerdos extrajudiciales, una base de datos de todo el territorio para los procesos y que se pueda acceder a la venta a través de internet.
El ánimo en la participación como antídoto a la falta de interés que existe en el mercado y que provoca que la vivienda se quede en manos de los mismos bancos por hasta la mitad de su coste en libros.
Hasta aquí lo impuesto. El resto de herramientas, todas para ese Código de Buenas Prácticas con las familias sin recursos, suponen la "adopción voluntaria" desde la banca. Eso sí, Economía se compromete a publicitar quién se adhiere y quién no.
Como primera "recomendación", que el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas que ya se abonaron o, en su lugar, se tenga en cuenta para reducir la cantidad pendiente. El departamento que dirige De Guindos quiere "corregir" el hecho de que en los primeros años del préstamo "se paguen más intereses que capital". Sin ocultar otra vez el tono de reproche, Economía señala que los gastos y costas del proceso son "en ocasiones muy elevados" y apela de nuevo a la "moderación".
Co-partícipes
¿Qué ocurriría ante las diferencias habituales entre el valor real y el que figura en la tasación de un piso, o con su depreciación por, como ocurre en estos momentos, el sector inmobiliario está paralizado? El Código de Buenas Prácticas aboga por "un mecanismo de co-participación" en el que las entidades financieras asuman una parte de la pérdida. "Parece razonable –justifica De Guindos– que por la deficiente tasación sea partícipe".
Para las situaciones de exclusión social, la entrega de la vivienda figurará como "medio liberatorio" para la deuda al completo, además de un periodo de cadencia en el desalojo "que podría situarse en dos años" y la posibilidad de prórroga "en determinadas circunstancias" , a cambio del abono de una "renta" al banco, un recibo "justo", según el ministro. Las entidades que se sumen a la medida tendrán derecho a incluir las pérdidas derivadas de la dación de pago como "gasto fiscalmente deducible".
Ejecución en Galicia
En Galicia, desde el estallido de la crisis, una media de cinco personas diarias pierden su casa por una ejecución hipotecaria. Su número no ha dejado de crecer, en mayor o menor medida, desde que en 2007 se registraran 701. Un año después, los juzgados de la comunidad acumularon 1.369; hasta 2.053 en 2009; y 1.942 en 2010. Entre enero y septiembre del pasado 2011, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), van 1.543, lo que supone un ligero aumento de casi el 6% respecto a los mismos trimestres del ejercicio anterior. En total, en estos casi cuatro años, las ejecuciones en Galicia se dispararon a 7.608.
Hay diez comunidades que acumulan cifras todavía más altas. Andalucía, Cataluña y Valencia superan en todo este tiempo los 60.000 desahucios, seguidas de Madrid, con 35.700; 18.000 en Canarias; más de 16.000 en Castilla-La Mancha y Murcia; unas 10.600 en Castilla y León; casi 9.000 en Baleares; y 7.900 en Aragón.