La moratoria en las primas a la producción eólica, a todas las renovables en general, es solo la primera de "un paquete" de medidas "de gran calado" en las que trabaja el Ministerio de Industria para "incidir directamente en la estructura de los costes e influir en la de los ingresos" del modelo energético español. Un primer paso que ayer convalidó el Congreso, con el voto favorable de los populares, la negativa de PSOE, BNG e IU, y la abstención de UPyD, PNV, CIU y CC. Ante el revuelo por la decisión, incluso en Ejecutivos autonómicos abanderados por su partido, el ministro José Manuel Soria lanzaba desde la tribuna su compromiso "claro, inequívoco e irreversible" con las fuentes limpias, pero también un mensaje muy rotundo sobre las posibles excepciones por "eficiencia" que la suspensión contempla y a las que Galicia y otras comunidades quieren engancharse. Sencillamente, que no las habrá. Ni para tecnologías, ni para territorios.
"Hay comunidades que me han planteado dejar fuera la cogeneración porque en esa comunidad es la fuente que más interesa. Otras han pedido dejar fuera la biomasa. Otras la eólica. Y otras la fotovoltaica o la termosolar", admite Soria. "Si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de comunidades? –añade– ¿Qué criterio seguimos? Y, en segundo lugar, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto? Y si no tenemos real decreto, ¿qué hacemos con el déficit tarifario?". El ministro duda de que sea "razonable" continuar con las primas a unas fuentes que suman 106.000 megavatios (MW) en potencia instalada, que "más que doblan" la demanda en horas punta, de 40.000 MW.
Con el recuerdo a que la moratoria es temporal y que las instalaciones que hoy figuran en preasignación se libran del freno –ninguno de los parques del concurso eólico, ni de los recintos pendientes de tramitaciones anteriores–, el ministro de Industria insta al sector a incorporarse igual al sistema eléctrico a cambio, eso sí, de recibir exclusivamente lo que le pague el mercado. "Que cada promotor sea quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose", defiende.
La reflexión choca con las dos alternativas al parón planteadas esta misma semana a Soria por el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La de un marco retributivo que aguante las primas en un 70% y un 50% para los parques de 2012 y 2013, respectivamente, o, al menos, un precio mínimo de mercado que ronde el actual durante las dos próximas décadas.
El Gobierno insiste en la necesidad de tomar las riendas de la situación para acabar con el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que cuesta realmente la producción energética y lo que se recauda entre el consumidor–, más de 21.700 millones el pasado ejercicio, y evitar que éste se convierta "en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía".
"¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema del déficit de tarifa es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales del sistema", critica Julio José Segura, del grupo socialista. "Este decreto impide a Galicia poder desarrollar su economía y su sector energético a partir del aprovechamiento de recursos naturales endógenos", reprochó en la sesión Francisco Jorquera, del BNG.
Desde Galicia también, el PSdeG da por hecho que la moratoria representa "la parálisis definitiva" del concurso eólico gallego. El diputado socialista José Luis Méndez Romeu anima a la Xunta a recurrir la moratoria ante el Tribunal Supremo.
Recurso ante el TC
Precisamente, para "recuperar las primas que se otorgaban a los productores y así lograr impulsar el desarrollo del sector", el Gobierno popular de Murcia mantendrá el recurso de inconstitucional que presentó ya la pasada legislatura contra el real decreto de renovables. "Es necesaria la reordenación del sector energético, pero siempre garantizando los intereses de los empresarios murcianos", asegura José Ballesta, portavoz del Ejecutivo regional. En Extremadura, la oposición se acaba de unir para pedir a la Junta que reclame el fin de la moratoria ante Moncloa. La Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables, con más de 50 empresas, sindicatos y grupos ecologistas, anunciaban ayer su intención de recurrir ante la UE.
