La patronal gallega ha enviado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un documento con las recetas que plantea el tejido productivo gallego para reactivar la economía. Los empresarios solicitan que el ajuste presupuestario se realice por la vía del recorte del gasto corriente, sin tocar, a poder ser, las inversiones. Por eso, proponen reconsiderar el papel de las diputaciones provinciales, de forma que sus competencias pasen a la Xunta; reflexionar sobre la supresión de determinados servicios públicos "prescindibles" o privatizar aquellos de coste más desproporcionado; rebajar los impuestos a las empresas, o introducir el copago en la sanidad y en los servicios más congestionados.

En total son 140 medidas recogidas en un documento de 21 folios que el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, entregó a Feijóo en la segunda quincena del pasado mes, en una audiencia privada de la que nada trascendió hasta que ayer la patronal difundió el contenido y las imágenes del reunión, en un momento en que Xunta está siendo presionada por los sindicatos por su plan de recortes para los funcionarios. El Gobierno gallego declinó ayer hacer comentario alguno al respecto.

La CEG, que asume la "representación de las 150.000 empresas asociadas", admite que algunas de sus medidas exceden las competencias de la Xunta, pero que su deber es presentarlas igualmente para recabar el apoyo del Ejecutivo gallego para luego elevarlas ante las administraciones correspondientes. Argumenta que su documento es necesario en un momento "complicado" como el actual, tras la "enorme inestabilidad" de 2011 y las negativas previsiones para este año.

En sanidad, la patronal aboga por "introducir el copago selectivo" para hacer partícipes a los usuarios de la viabilidad del modelo sanitario, pero "sin penalizar las rentas más bajas". Se trataría, por tanto, de apostar por un sistema de corte progresivo, con una aportación económica de los usuarios en función de la renta. Y en cuanto al funcionamiento de los hospitales, la CEG quiere que se implanten "métodos y herramientas empresariales" en su gestión.

La entrada del sector privado en servicios que prestan las administraciones es una constante en todo el documento elaborado por la patronal. Así, en esta línea, propone abrir una "reflexión" sobre la conveniencia de suprimir determinados servicios públicos "prescindibles" o, cuando menos, privatizar aquéllos que supongan un "coste desproporcionado" para las arcas públicas. Sin embargo, la CEG no quiso entrar al detalle sobre qué servicios podrían dejar de ser prestados por las administraciones. La fórmula que plantea para este cambio de papeles es a través de las concesiones, que la patronal cree que deben incrementarse.

El copago, según los empresarios, se debería introducir ademas en los servicios públicos "congestionados" como mecanismo moderador para reducir la demanda.

La patronal reclama también que el modelo de colaboración público-privada se desbloquee y se incorporen nuevas iniciativas. Con esta fórmula, las empresas adjudicatarias adelantan el dinero de las inversiones y luego, una vez concluidas las infraestructuras, reciben un canon anual durante 20 o 25 años, periodo en el cual se encargan del mantenimiento de la obra. Esta reivindicación se produce porque la Xunta decidió que al menos durante 2012 no se podrá ejecutar ninguna infraestructura nueva por este modelo.

Es más, la patronal propone que en los sectores o proyectos considerados "estratégicos", la participación de las empresas en la colaboración público-privada cuente además con incentivos fiscales.

La Confederación de Empresarios también plantea abrir un debate sobre la organización administrativa. Y ponen el acento en las diputaciones provinciales. No llegan a pedir su desaparición directamente, pero lo que proponen bien podría serlo. Pretenden que se reconsidere el papel de las diputaciones, "valorando la posibilidad de integrar sus servicios dentro de los correspondiente departamento de la Xunta, incluidos los servicios de recaudación e inspección tributaria".

La reordenación del mapa municipal tampoco se escapa de las demandas de la patronal gallega. No lo dice abiertamente, pero aboga por una reducción del número de ayuntamientos, ya que plantea el estudio de "alternativas a la pervivencia de los ayuntamientos con una población inferior a 4.000 habitantes".