Los sindicatos presentarán batalla contra los recortes que la Xunta aplicará sobre el colectivo de empleados públicos. A pesar de que la Consellería de Facenda los ha invitado a sentarse a negociar para mejorar el texto del anteproyecto de Lei de Medidas de Emprego Público, las centrales sindicales –CIG, CCOO, UGT y CSI-CSIF– descartan presentar alegaciones y exigen la retirada completa de la normativa. Para forzar al Gobierno gallego a anular este proyecto, los sindicatos emprenderán movilizaciones a partir de mañana –habrá concentraciones todos los jueves de este mes– y avisan que si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no rectifica habrá huelga.

El plan anunciado por la Consellería de Facenda para recortar sus presupuestos con medidas como la reducción de la jornada laboral para los interinos y personal temporal –con lo que descenderá en proporción su remuneración salarial–, la jubilación forzosa con carácter general al llegar a los 65 años o la rebaja de la paga por baja laboral ha causado gran malestar entre la plantilla de la Administración autonómica. De hecho, los cuatro sindicatos con representación en el sector público se han puesto de acuerdo, "en una unión histórica", para presentar mañana a Feijóo un escrito pidiendo la retirada del proyecto.

El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, recordó ayer que la reducción de jornada será "voluntaria" para los funcionarios y que "la regla general" es que los interinos también mantendrán su horario laboral sin reducción de salario.

En cuanto a la rebaja de la paga por incapacidad temporal, Barreiro matizó que no afectará en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional o maternidad y alegó que esta medida ya se adoptó en, al menos, otras cinco autonomías.

Además el director xeral de Función Pública lamentó que, mientras la Xunta hizo un gesto a favor del diálogo al ampliar el plazo para presentar alegaciones, los sindicatos "no realizan propuestas para mejorar el texto y se limitan a pedir su retirada". Aún así, volvió a invitarlos al diálogo. "Espero que no sean responsables de que no se pueda hacer ninguna mejora y el texto se quede en la redacción actual".

"Nunca nos consultaron el anteproyecto de ley. Primero lanzaron globos sonda a la opinión pública y luego simplemente nos comunicaron sus pretensiones", se queja la representante de la CIG, Carme López Santamariña. "Nosotros no presentaremos alegaciones, queremos la retirada. Muchas de las partes de esta normativa son anticonstitucionales", añade.

Huelga

El responsable de CCOO, Ramiro Otero, advirtió además de la posibilidad de una huelga y aclaró que "no la van a convocar los sindicatos" sino el propio Feijóo al seguir adelante con sus medidas de recorte. Según explicó, los salarios de los empleados públicos ya bajaron un 13 por ciento en los últimos tres años. "No se nos puede crucificar más", recriminó.

De la misma opinión fue Juan Carlos Fernández, de UGT. "Debe dejar de convertir a los empleados públicos en la diana", se quejó este sindicalista, quien advirtió a Feijóo que lucharán para defender sus condiciones laborales. "Es una cortina de humo ante la incapacidad de Feijóo de tomar medidas reales para la salida de la crisis", lamentó Juan Carlos Rivas, de CSI-CSIF.

La primera concentración tendrá lugar mañana entre las 11.30 y las 12.00 en San Caetano. Las demás se celebrarán los jueves de cada semana en las sedes de la Xunta de las siete ciudades a las 19.00 horas.

Al margen de estas protestas la CIG anunció ayer también la convocatoria de una huelga general para la última semana del mes de marzo ante los recortes "profundos" que supondrá la reforma laboral que apruebe el Gobierno de Mariano Rajoy, por los recortes "muy serios" que prevé que incluyan los próximos Presupuestos Generales del Estado y porque, según censuran, la crisis la "están pagando los de siempre".