El PP pide al Gobierno que asuma la hipoteca de los dueños "de buena fe" afectados por deslindes

I. BASCOY - VIGO El PPdeG defenderá ante el Ministerio de Medio Ambiente que "el Estado se haga cargo de las hipotecas suscritas a los ciudadanos con bienes afectados por los deslindes y que actuaron de buena fe o al amparo de actos administrativos, como licencia de obras del ayuntamiento o sentencia judicial firme". Los populares gallegos pedirán en el Parlamento autonómico a la Xunta que negocie con el departamento que dirige Miguel Arias Cañete para que en la anunciada reforma de la Ley de Costas se "dé seguridad jurídica a los ciudadanos de buena fe" que por los deslindes pierden su propiedad, que pasa a manos del Estado, explicó ayer el diputado Román Rodríguez.
El Gobierno central, al amparo de la Ley de Costas de 1988 procedió a fijar donde comienza la propiedad privada en el litoral y cuál pertenece al Estado por su condición de suelo público. Los deslindes están casi hechos, pero fincas y viviendas han quedado en un limbo jurídico al que el PPdeG propone ahora dar solución. Para las viviendas anteriores a 1988, el Ejecutivo tenía que articular una fórmula de concesión, cediendo el inmueble a su anterior propietario por un plazo de 30 años, prorrogables otros 30. Y para el resto, ordenar el derribo. Pero no se ha hecho ni una cosa ni otra y sus dueños viven en la incertidumbre.
El PPdeG sugiere "la posibilidad de que el Estado les otorgue un concesión de uso por 30 años o, en el caso de que la Administración decida ejercer el derecho de hacerse titular de este bien, se haga cargo de las cargas hipotecarias que tenga el ciudadano", explicó ayer Román Rodríguez.
La Xunta ya se propone aprovechar la modificación legislativa adelantada por Arias Cañete para proponer cambios que "den solución al reconocimiento de los núcleos rurales tradicionales del sistema de asentamientos del litoral gallego", otra demanda del PPdeG. Es más, el departamento de Agustín Hernández ultima una propuesta jurídica para remitírsela al Ministerio de Medio Ambiente.
En Galicia, concretamente en Marín, en Vilaboa y otras localidades, hay un centenar de asentamientos tradicionales marineros que con la aplicación de esta ley de 1988 quedaron en una situación muy complicada, al quedar calificados como suelo rústico, sin posibilidad de construir nada nuevo y con muy severas restricciones para acometer cualquier reforma en las casas.
Solo están permitidas las labores básicas de conservación y mantenimiento en las viviendas existentes, sin poder tocar siquiera su estructura en el caso que fuera necesario reforzarla debido a su antigüedad.