El Gobierno asume la fundación Novacaixa, la última competencia que tenía Facenda

JULIO PÉREZ - VIGO Los polémicos cambios de la ley gallega de cajas que la Xunta impulsó en la recta final de 2009 para forzar el matrimonio de Caixanova y Caixa Galicia ejemplificó hasta dónde estaba dispuesto a llegar el presidente Alberto Núñez Feijóo para exprimir las reducidas competencias que la comunidad tenía en materia financiera. Lo que le valió, entre otras cosas, una de las batallas más intensas con Moncloa ante el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura. Con el negocio bancarizado, desde el Ejecutivo autonómico argumentan ahora que la supervisión de Novagalicia es exclusiva del regulador nacional, y su actual presidente, José María Castellano, el que tiene que dar la batalla para garantizar un proyecto en solitario, con cada vez más incógnitas. La tutela sobre la fundación a la que está condenada a convertirse la todavía caja era lo único que quedaba bajo el paraguas autonómico. Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego acordaban a finales del pasado año que en este febrero estaría lista la normativa para regular la nueva condición de Novacaixagalicia. Pero ya no hace falta. La reforma financiera deja fuera a las regiones de cualquier movimiento en el sector, incluida esta última función que les quedaba.
La que les dejaba la reforma de la ley de órganos de representación, la Lorca, con la que la anterior vicepresidenta económica, Elena Salgado, avivó la reestructuración del sistema. En caso de que una caja traspasara su negocio a un banco y se quedara por debajo del 50% de su accionariado, la conversión en fundación de interés especial era irremediable. El decreto del nuevo Ejecutivo para sanear el sector y ajustar definitivamente el mapa financiero español rebaja esa proporción hasta el 25% y amarra la vigilancia de este tipo de organismos. "Corresponde al Estado la supervisión y control de las fundaciones de carácter especial a las que se refiere el presente real decreto-ley, cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una comunidad autónoma, a través del Protectorado que será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad", señala la norma.
Prácticamente, el 100% de las antiguas entidades de ahorro. Porque en los "supuestos de segregación", como ocurre en Novacaixagalicia, el departamento que dirige Luis de Guindos "considerará ámbito de actuación" de la fundación "el de la entidad bancaria resultante de la segregación". Es decir, dónde opera Novagalicia, considerado un grupo financiero nacional, con más de 300 oficinas en red exterior, además de las de Asturias y León, con fuerte presencia, que se gestionan conjuntamente con las de Galicia.
La guía para el funcionamiento de las fundaciones de interés especial será, precisamente, el decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y "supletoriamente", la normativa general sobre fundaciones. "Centrará su actividad en la atención y desarrollo de su obra benéfico-social, para lo cual podrá llevar a cabo la gestión de su cartera de valores. La fundación deberá destinar a su finalidad benéfico-social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio. Auxiliarmente, podrá llevar a cabo la actividad de fomento de la educación financiera", explica.
La mayoritaria presencia del FROB en estos momentos en Novagalicia, por encima del 90%, sirve de freno para la conversión de la caja en fundación. Porque la participación pública no cuenta en los límites del capital mínimo necesario para mantenerse como entidad de ahorros. Novacaixa cuenta con el 6,7%, y el objetivo de intentar escalar al 10% para elevar los dividendos que en su momento debería empezar a pagar el banco a sus socios. Una enorme duda en estos momentos, con los planes de Economía para subastar todas las entidades nacionalizadas.
El abrupto freno en los ingresos que la obra social de Novacaixa sufre desde 2010 ha llevado a sus responsables a elaborar un plan de supervivencia, que incluye la reducción de un 10% de los alrededor de 330 trabajadores a través de prejubilaciones y bajas incentivadas, el cierre de instalaciones, el copago de actividades y la explotación a fondo del negocio del Monte de Piedad. Todo lo que está ocurriendo ahora con la reforma financiera, lo que pase con Novagalicia, deja en el aire el acuerdo con el banco segregado para el traspaso de inmuebles y la colección de arte heredada de Caixanova, el camino abierto para conseguir dinero y elevar así su participación en el capital.