Economía suprime la permanencia del FROB en Novagalicia y le sitúa directamente en una puja

JULIO PÉREZ - VIGO Al mensaje cargado de intenciones sobre el futuro de Novagalicia y el resto de entidades nacionalizadas que el ministro de Economía avanzó ya durante la presentación de la reforma financiera, se une ahora la letra pequeña del decreto destinado a impulsar el proceso, que incide aún más en lo que Luis De Guindos desveló. El objetivo "lógicamente" del Ejecutivo de sacar al FROB de los respectivos accionariados con la "salida al mercado" de los cuatro grupos para "formar parte de una integración", y hacerlo "lo más rápido posible". ¿Y cómo? Los cambios en la normativa del propio fondo es una de las novedades que recogía ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Se procede a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación", apunta, lo que equivale a dejar sin efecto el calendario del que disponían el banco gallego y CatalunyaCaixa –Unnim está a punto de ser subastada, y luego llegará el turno de Banco de Valencia– para captar fondos y recomprar la participación pública. Y no es la única señal del decreto que apunta a que Economía quiere encontrar un comprador cuanto antes para el alrededor de 90% que tiene de capital en Novagalicia.
- Ni uno, ni dos años de prórroga. Las exigencias de solvencia impuestas por el anterior Gobierno venían de la mano de un FROB nuevo, habilitado para la compra de acciones en las entidades –obligadas a bancarizarse en el caso de que no lo estuvieran ya– que no fueran capaces de cumplir. El apoyo público podía prolongarse durante cinco años, con el irremediable fin en un proceso de "concurrencia competitiva". Eso sí, el fondo estaba dispuesto a revender sus acciones durante el primer año, incluso durante el segundo –a cambio de más ajustes internos en el negocio– a la misma entidad o a inversores que ésta le propusiera con un tipo de interés que rentabilizara la inversión. En eso estaba Novagalicia. De un plumazo, la opción desaparece. Y el decreto lo menciona expresamente, además de reducir de los cinco a tres años el tiempo máximo para que el FROB aguante en una entidad.
- Un calendario y una integración diferentes para la "adquisición" de las nacionalizadas. Los "incentivos" famosos en los que insiste De Guindos para facilitar el saneamiento de la exposición del sector al ladrillo, y que en el fondo supone una invitación clara a las fusiones, se trasladan también al entorno de Novagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Banco de Valencia. A las que, por cierto, tanto el ministro como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se refieren como "intervenidas", pese a que la intervención propiamente dicha solo se dio en una de ellas, en la entidad vinculada a Bancaja. ¿Cuáles son esas facilidades? Las integraciones que avalará el Ejecutivo y que tendrán derecho a limpiar su cartera inmobiliaria en dos años –las que quieran seguir en solitario tendrán que aprovisionar todo en 2012– pasan por aquellas operaciones que "supongan modificaciones estructurales", o, lo que es lo mismo, una negativa a más SIP; u "operaciones de adquisición de entidades que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se encuentren participadas mayoritariamente por el FROB". La misma condición se repite en el delicado, por apretado, asunto del calendario. Los proyectos de fusión deben llegar a manos de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera antes del 31 de mayo de 2012, un tope que no se exigirá para la compra de las entidades nacionalizadas.
- Menos tiempo todavía. De Guindos reconocía el viernes tras el Consejo de Ministros que aprobó la reforma que los tiempos que su departamento ponía en la mesa son de infarto. Cuatro meses por delante para plantear fusiones o apenas once meses para limpiar millones y millones en activos inmobiliarios en el caso de las entidades que no quieran casarse. Pero es que incluso antes de todo, el 31 de marzo, en apenas ocho semanas, el sector al completo debe presentar al Banco de España "un plan en el que detallarán las medidas que tienen previsto adoptar" para adecuarse a los duros requisitos. El 80% en provisiones de suelo, frente al 31% de media actual; un 65%, el doble que en estos momentos, para la vivienda sin terminar; un alza del 25% al 35% para los inmuebles terminados; y un 7% de colchón nuevo entre los créditos a promotores que no sean morosos. Economía sigue calculando el impacto en unos 50.000 millones de euros, de los que más de 1.700 millones podrían ser de Novagalicia, según una primera estimación de este periódico en base a la información pública de la entidad hasta septiembre.
- El "exceso de capacidad" y la temporalidad de las medidas. Además del lastre del ladrillo, el Gobierno asegura que las dificultades en la "eficiencia" y "la capacidad para competir" del sistema radica en su "exceso de capacidad instalada". La expresión políticamente correcta que señala que hay demasiadas entidades a ojo de Moncloa. El decreto recoge además que las medidas extraordinarias de provisiones se mantendrán "en tanto subsistan las incertidumbres extraordinarias" sobre el valor real de los activos por la falta de movimiento suficiente el mercado inmobiliario.