JULIO PÉREZ - VIGO
El último análisis que sitúa a Novagalicia en el baile de las fusiones viene otra vez del propio sector. Del grupo de servicios financieros fundado por las cajas y su patronal, la CECA, y que hasta su jubilación presidió el ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez. Ahorro Corporación cuenta con una estimación del impacto de las medidas de saneamiento en la gran banca, en la que deja fuera tanto a las antiguas entidades de ahorro más pequeñas, como a las nacionalizadas. Pero las nombra para adjudicarles dueño. La compañía apunta a BBVA como el de "mayor riesgo comprador", seguido de Caixabank. "Por tamaño y sentido económico, BBVA podría optar por reforzar su cuota en España mediante la compra, entre otras, de alguna de las entidades en propiedad mayoritaria del FROB que cuentan con el tamaño necesario, como CatalunyaCaixa o Novacaixa", apunta. Ajeno aparentemente a los constantes rumores, la advertencia expresa del ministro de Economía –"Se va a intentar lógicamente con la mayor rapidez posible que salgan al mercado y formen parte de una integración y dejen de estar en el ámbito del FROB", dijo el jueves– y las tremendas condiciones de saneamiento, el banco gallego defiende que hay posibilidades de seguir en solitario y "es la mejor opción".
A falta de la letra pequeña del decreto, que previsiblemente publicará hoy el BOE, en Novagalicia siguen echando cuentas. Hay una primera estimación de las necesidades de provisiones que supone para la entidad el nuevo escenario. De hecho, tras las primeras explicaciones de Luis de Guindos el banco sostuvo que entraban "en lo esperado". Pero no hay ni confirmación ni desmentidos sobre los más de 1.700 millones de euros que, en un cálculo base en función de su última información pública en septiembre –en línea con los 1.600 millones en los que los analistas de BBVA situaron su déficit– avanzó este periódico ayer.
¿De dónde viene esa cantidad? De aplicar las condiciones impuestas por Economía a los valores brutos de los activos que acumula como pago de deudas –faltarían 173,8 millones en el colchón de la vivienda terminada, casi 165 millones en los inmuebles sin finalizar y 966 millones por el suelo, unos 1.300 millones de euros en total–, más los 438 millones a los que ascendería en su caso la nueva hucha genérica para blindar el 7% de los 6.267 millones en créditos inmobiliarios que al cierre del tercer trimestre de 2011 estaban al corriente de pago. En total, unos 1.750 millones.
¿A cuánto asciende la provisión genérica que el Gobierno permite usar como primera piedra del refuerzo? Lo más actualizado que consta son los alrededor de 600 millones de euros que figuran como tal en los resultados de los test de estrés de la primavera pasada. El volumen hoy es una incógnita, con 213 millones de euros destinados a saneamiento, sin especificar a qué tipo de provisiones, entre enero y septiembre. Novagalicia todavía no presentó sus resultados anuales.
Precisamente, el beneficio está atascado desde ese periodo. Los diez millones de incremento en el resultado que separan las cuentas de septiembre de las de junio vienen del efecto fiscal, del menor pago de impuestos. Otro enorme obstáculo para la entidad en el camino de las coberturas, ya que alrededor del 60% tienen que salir de sus cuentas.
La puerta se entreabre si finalmente el presidente es capaz de cumplir su objetivo de inversión privada en el segundo tramo de venta de acciones, la primera quincena de marzo. Unos 500 millones de euros, aunque en algún momento José María Castellano no llegó a descartar que de la mano de los fondos internacionales –Elliot estuvo como principal candidato– vengan más aportaciones vinculadas directamente a ellos, hasta alcanzar unos 800 millones en total. La primera cantidad da derecho a alrededor de un 18% de las acciones de Novagalicia, que sumado al 2,59% de los 70,4 millones que pusieron la veintena de empresarios gallegos que entraron en diciembre –frente a la meta prevista de 150 millones–, el 20% del capital quedaría en manos privadas.
A eso se agarra con fuerza el proyecto abanderado por Castellano para saltar luego al decreto de solvencia del anterior Gobierno, que permite dejar los fondos propios en entidades con ese porcentaje de privatización en un 8% y no el 10% obligado ahora. Exactamente, el banco gallego tiene un 10,45% de capital principal, equivalente a 5.272,275 millones de euros. Si la captación de fondos triunfa, y si además las autoridades regulatorias le permiten rebajar el escalón –cuando la tendencia está siendo la contraria, con un 9% mínimo entre las sistémicas por orden de Europa–, Novagalicia podría liberar unos 1.300 millones disponibles para el saneamiento. Eso, y las reservas que pueda atesorar servirían como primer antídoto para digerir la limpieza del ladrillo.
Pero, ¿y el FROB? Inversores con 500 millones dejarían al FROB con un 72% del capital todavía. Incluso si vinieran con 800 millones, el Estado seguiría siendo mayoritario, por encima del 60%. A lo que se une la devolución de los 1.162 millones del primer préstamo de la fusión a un 8% de interés y un negocio mermadísimo por la morosidad y la vuelta a la recesión. El discurso de De Guindos no muestra, precisamente, que Moncloa tenga intención de aguantar mucho más tiempo con participación pública en el sector. Y el calendario de la reforma es rotundo. En cuatro meses, las fusiones tienen que estar listas.