X. A. TABOADA - SANTIAGO
La Xunta desveló ayer las medidas que aplicará a los empleados públicos de la Administración autonómica con las que busca recortar los presupuestos en previsión de que desciendan los ingresos por la recesión de la economía y de que se reduzcan, con respecto a 2011, las transferencias procedentes del Estado. Las propuestas que la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, trasladó a los sindicatos pretenden ahorrar unos 80 millones de euros. Entre las medidas figuran la reducción de la jornada laboral para los interinos y personal temporal –con lo que descenderá en proporción su remuneración salarial–, la jubilación forzosa con carácter general al llegar a los 65 años –con la posibilidad de fijar prórrogas, pero tras revisar caso por caso–, la supresión de las ayudas de acción social o la rebaja de la paga por causar baja, salvo que sea por maternidad, enfermedad profesional o accidente de trabajo.
Todas estas propuestas, con rango de ley, tendrán un carácter temporal y se negociarán con los sindicatos CIG, UGT CC OO y CSIF antes de adquirir su formulación definitiva, pero la intención de la Xunta es implantarlas ya este mes. Aunque el ahorro previsto es de 80 millones, la conselleira no descarta que se tengan que realizar nuevos ajustes más adelante, en función de las previsiones económicas que realice el gobierno central y la segura merma de los ingresos de la comunidad autónoma.
- Jornada laboral. Facenda planteó a los sindicatos reducir la jornada laboral, con la consiguiente reducción proporcional de los salarios. Pero mientras para los funcionarios y los trabajadores laborales fijos sería una opción voluntaria, resultaría obligatoria para los interinos y el personal temporal, que así verán reducido su sueldo pese que tanto Feijóo como la conselleira aseguraron que no se iba a tocar el sueldo de los empleados públicos.
Como máximo, la reducción de la jornada laboral será del 33%, si bien el porcentaje exacto lo tendrá que determinar el Consello de la Xunta. Esta propuesta, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Medidas en el Empleo Público, no podrá tener una vigencia superior a los cinco años.
- Incapacidad temporal. Es un cambio sustancial. La Xunta solo garantiza el cobro del 100% desde el primer día a los trabajadores que causen baja por enfermedad profesional, maternidad o accidente de trabajo. Pero para el resto de incapacidades temporales, como enfermedades comunes u otras de larga duración, la cosa será bien distinta. Durante los cuatro primeros días de baja no cobrarán nada. A partir del cuarto, percibirán el 60% con cargo a la Seguridad Social y a partir del vigésimo primer día la Xunta aportará un complemento para llegar al 100% de las retribuciones. Aunque desde Facenda se indica que todas las medidas son temporales, en este caso nada de se dice de su duración.
- Jubilaciones. Con carácter general serán forzosas al llegar a los 65 año de edads, incluyendo a los profesores y al personal del sector sanitario. Si alguien quiere seguir en el trabajo, debe presentar previamente una solicitud, que la Xunta revisará caso a caso y podría aceptar por "razones organizativas". En ningún caso, la prórroga será superior a un año.
- Fondo de acción social. Se suspende esta bolsa de subvenciones destinada a los funcionarios salvo las ayudas por persona con discapacidad, que en todo caso no podrá ser superior a los 180 euros mensuales. Todas las demás, dedicadas a servicios sanitarios, atención de menores, ayudas para estudios o pago para hipotecas, desaparecen hasta nuevo aviso.
- Días de asuntos propios. Se reducen a nueve a solo seis, para adecuarse así a la norma básica estatal.
- Sin derecho a comedor. La Xunta quiere anular del derecho del personal laboral a comer y cenar en aquellos centros que cuenten con comedor, salvo el de recibir bebidas calientes y frías para quien tenga horario nocturno. El personal laboral también perderá su derecho a tomar días libres por festivos o domingos trabajados.
- Plus de altos cargos. Desaparece también este complemento para los funcionarios que ocuparan puestos de alta dirección al menos dos años de forma consecutiva o tres interrumpidamente. Este plus oscila entre los 3.000 y los 14.00o euros anuales brutos.
- Negociación exprés. La conselleira de Facenda aseguró que todas estas propuestas son negociables con los sindicatos, pero dio un plazo de solo quince días para discutirlas e intentar llegar a un acuerdo, porque entrarán en vigor antes de que acabe el mes.