Tanto por las durísimas condiciones impuestas para afrontar el desplome del valor en la cartera vinculada al ladrillo, como por el exigente calendario a cumplir en esas provisiones y en los matrimonios a las que están condenadas las entidades incapaces de asumir con su bolsillo el extra de recursos, parece que el nuevo Gobierno se toma muy en serio las pautas de la reforma financiera. "Un saneamiento rápido y profundo", resumía ayer el ministro de Economía en la presentación del plan con el que aspira a dejar al sistema "en posición de" reactivar el crédito –una expresión que evidencia que la financiación a familias y empresas tardará aún en llegar– y fomentar el mercado inmobiliario con precios "reales". Un año. Otro ejercicio vertiginoso en el sector para alumbrar competidores "más grandes y más solventes". Luis de Guindos se negó a hablar de integraciones en concreto, de cuántos bancos quedarán al final del proceso, pero sí fue muy rotundo sobre el futuro que le espera a Novagalicia y a las otras entidades nacionalizadas o intervenidas. Éste último concepto, en el que él las agrupa a todas. Moncloa pone el cartel de "se venden".

"Ahí hay lógicamente un plan de actuación –explica, sobre el banco gallego–. Me parece que el FROB, no sé si tiene el 93% o el 90% del capital, y con las cuatro entidades que tenemos en estos momentos bajo el control del FROB, que me parece que son Unnim, Banco de Valencia, Novacaixagalicia y CaixaCatalunya, se va a intentar lógicamente, con la mayor rapidez posible, que salgan al mercado y formen parte de una integración y dejen de estar en el ámbito del FROB".

A De Guindos se le preguntó expresamente por el compromiso adquirido con José María Castellano, presidente de Novagalicia, de mantener tres tramos más para la captación de inversores hasta septiembre. Si se podía respetar ese contrato. El ministro optó por eludir una respuesta clara. "Yo no voy a entrar en entidades concretas. Es decir, esto es un plan general para el sector bancario español. Y evidentemente los planes están ahí, los compromisos están ahí, eso no es el objetivo de la presentación", se escudó.

Un recordatorio, en todo caso, de que la entidad que heredó el negocio de las fusionadas Caixanova y Caixa Galicia tiene que cumplir con los requisitos de limpieza y provisiones igual que el resto. Por ella y por las otras tres con presencia público en el accionariado se le volvió a inquirir, ante la opción de que, como ocurrió con la CAM, salgan a subasta con esquemas de protección de activos que faciliten su adquisición. El titular de Economía no solo dio por hecho otra vez la puja de todo el grupo. Es que además avanzó que los procedimientos están en marcha. "La entidades intervenidas están intervenidas [un término en el que De Guindos siempre incluyó a las nacionalizadas] y habrá un proceso, como saben ustedes, que está en curso, que está llevando ya el Banco de España, que ya sacó a la CAM", asegura.

El giro de tuerca impulsado por De Guindos pone el foco en los 176.000 millones de euros en créditos morosos y activos adjudicados a las entidades como pago de deuda –los últimos datos que hay oficiales, del Banco de España, a cierre de junio del pasado 2011–, pero también sobre los 148.000 millones de préstamos a promotores que aparentemente no tienen riesgos. ¿El objetivo? Adelantarse a lo que está ocurriendo, al crecimiento constante del volumen de dañados y devolver "confianza, credibilidad y fortaleza al sistema". "Los bancos tienen que dejar de ser inmobiliarias y hacer lo que tienen que hacer, que es captar pasivo y dar crédito", reclama.

Los 50.000 millones en los que el Gobierno insiste en estimar el impacto de sus medidas para el sector se reparten en tres tipos de colchones. El primero, una provisión específica de 25.000 millones de euros que tiene que venir de los resultados de los bancos. Otra hucha para las propiedades "más problemáticas" –un 20% adicional en las provisiones para el suelo, en el que por cierto no se diferenciará entre urbanizable y el que no lo es; y un 15% para inmuebles todavía en construcción–, que asciende a 15.000 millones y que podrá alimentarse de los beneficios sin distribuir, una ampliación de capital o la conversión de híbridos –emisiones preferentes, bonos convertibles o deuda subordinada– en la que avanzó estas últimas semanas ya la gran banca. Hay una tercera provisión genérica de 10.000 millones y que tiene que cargarse también sobre las cuentas propias para proteger un 7% del total de créditos de ladrillo que no son morosos.

"Muchas podrán"

En resumen, además de ese inédito colchón para la inversión crediticia sin dañar, la cobertura de los suelos acumulados en el balance pasará de una media ahora del 31% a un obligado 80%. De un 27% a un 65% para las obras sin concluir. Y de un 25% a un 35% para las promociones terminadas, teóricamente más fáciles vender. "Vamos a hacer en un año casi lo que se ha hecho en tres", ilustra De Guindos, en referencia a los 66.000 millones de euros en provisiones que el sector engordó desde 2008. Lo que da una idea muy gráfica del huracán que se avecina para el sector, pese a que el Gobierno está convencido de que "muchas entidades" podrán asumir los extra de capital.

¿En qué lugar queda Novagalicia? Sus responsables defienden que hay margen para un proyecto "viable y autónomo". Para seguir en solitario. "Estaba dentro de nuestras previsiones", apuntan ante los endurecidos requisitos. El banco está calculando sus necesidades "exactas" y en función de eso se tomará una decisión, que será comunicada en su momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin contar con los últimos detalles incorporados al plan por Economía –básicamente, la cobertura del 7% a los préstamos sin riesgo–, los analistas de BBVA estimaron para Novagalicia una necesidad de 1.600 millones de euros. La última radiografía pública de su exposición inmobiliaria se remonta a septiembre. Entonces, el saldo bruto –el valor sobre el que se aplican las nuevas exigencias– en vivienda terminada alcanzaba los 1.148 millones de euros, 389 millones en pisos en construcción y más de 1.800 millones en suelo. La cobertura era de 871 millones. Una aproximación con las pautas que hoy se aprobarán en el Consejo de Ministros apunta a un agujero en provisiones de unos 1.300 millones, a los que hay que añadir alrededor de 430 millones más por el colchón genérico nuevo. En total, 1.730 millones, sobre los que Novagalicia no entra a confirmar ni rebajar.

Las entidades que puedan encarar el escenario con su bolsillo, en función de los recursos que Economía permite tocar, cuentan con el resto de este 2012 para lograrlo. La fecha límite. De Guindos había adelantado hace una semana que la reforma contaría con "incentivos" para fomentar la segunda ola de fusiones. Y así es. Los bancos que no puedan hacerlo o que necesiten más tiempo dispondrán de un año a mayores, siempre que acudan a una integración. Pero tampoco hay demasiado tiempo para pensarlo. El diseño de esas operaciones tiene que estar en poder del regulador antes de que finalice mayo, y en un mes el organismo y Economía lo revisarán.

Más crédito

Esa solución viene de la mano, en todo caso, de más requerimientos. La operación tiene que suponer un incremento de al menos un 20% del balance –con un 10% en situaciones "muy excepcionales"–, el compromiso de "mantener o ampliar" la concesión de créditos, un plan de viabilidad del negocio y mejoras en el gobierno corporativo, que pasan tanto por la elección de consejeros, como por una remuneración acorde al complicado panorama económico. Además, los órganos de decisión tendrían que avalar la fusión en septiembre para empezar 2013 como una única entidad. De Guindos cierra la puerta a los SIP y exige que sean integraciones puras.

A cambio, todas esas operaciones podrán optar a un préstamo público muy parecido al que el FROB inyectó durante la primera ronda de fusiones. "A interés del mercado", dice el ministro, sin especificar si llegará al 8% que cuesta hoy devolver los antiguos créditos. Esta vez a través de bonos convertibles contingentes, popularmente conocidos como cocos, que en caso de pérdidas del negocio automáticamente pasan a ser títulos del banco.

Las dos patronales del sector se convierten en los principales respaldos a la reforma. "Positiva", según la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), que ofrece su colaboración "activa y leal". "Acertada", señala la Asociación Española Bancaria, que sostiene que los bancos están "en disposición de cumplir".