Todos y cada uno de los ingredientes que en estas últimas tres semanas dibujan el nuevo giro de tuerca de la reestructuración financiera que tiene entre manos el Gobierno de Mariano Rajoy, una de sus prioridades para atajar la gravísima crisis económica, invitan a pensar que lo que viene por delante es un auténtico vendaval. El mismo ministro de Economía aportó las primeras pistas con su estimación del coste que las medidas tendrían para las entidades. Alrededor de 50.000 millones de euros. ¿Para qué? Para limpiar de una vez por todas el lastre del ladrillo que entorpece sus balances. Luis de Guindos ha mantenido encuentros con los directivos del sector –algunas fuentes apuntan entre ellos a José María Castellano, presidente de Novagalicia– y de esas reuniones han salido otras dos novedades sobre el plan. La obligación de aumentar también el colchón para créditos a promotores y constructores que no tengan problema de morosidad, y lo más llamativo, la posibilidad de recurrir de nuevo a ayudas públicas.

Pero con dos importantísimos matices. Que serán préstamos, a semejanza de la primera ronda de inyecciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para precisamente esquivar el problema del déficit público. Y que solo accederán a ellos las entidades que apuesten por fusionarse para cubrir las pérdidas que afloren las condiciones impuestas a viviendas, suelos y créditos acumulados.

- Las coberturas, en función de los activos. El enemigo a batir son los activos inmobiliarios que bancos y cajas recibieron como contraprestación a los préstamos morosos. El remedio a la lucha contra los impagos, que se ha vuelto en contra del sistema. Hay 175.000 millones de euros de balances en riesgo, con la suma también de esas viviendas y terrenos, a cierre del pasado junio. Los últimos datos oficiales del Banco de España sobre exposición problemática, y que presenta hasta el 50% prácticamente del total de créditos con la actividad. Frente a una media del 30% en las provisiones por cada propiedad, los primeros detalles que se conocen apuntan hasta un 40% en el caso de viviendas sin terminar, el 60% para el suelo urbanizable y el 80% para el resto de parcelas, prácticamente sin salida en el mercado. Algunas fuentes señalan que las condiciones se relajaran para la cartera que no tenga realmente problemas de salir adelante. De Guindos insistió en varias de sus comparecencias públicas, al igual que Rajoy, en la importancia de que los bancos reflejen el precio real de los activos para despejar las dudas sobre su estabilidad, abrir el grifo del crédito y, de paso, aligerar la compraventa de pisos.

- También los créditos sin problemas aparentes. Otros 130.000 millones de euros en préstamos que en principio no vienen con riesgo de impago figuran en el proyecto de Economía. Hasta ahora, sin ninguna obligación para cubrirlos. ¿Cuánto? Un 7% en otro intento de mandar un mensaje a los mercados de que la reforma va a fondo.

- Fondos de resultados y del capital propio. Era una de las principales interrogantes desde que el Ejecutivo desveló su intención de darle la vuelta al sector. ¿De dónde podrá tirar una entidad para asumir semejante cantidad de dinero? El ministerio quiere que, sobre todo, salga de los resultados. La mayor parte, alrededor de un 60%. Una vía compleja a la vista de la merma del negocio por el camino de la recesión y lo difícil que ha tenido el sector su financiación en los últimos dos años. El resto podría venir de fondos propios, de sus huchas, con el hándicap de que la solvencia no puede quedar en entredicho y que, de momento, el regulador europeo no ha relajado el mínimo de 9% de capital principal impuesto para las entidades sistémicas.

- Entre uno y dos años. El plazo concreto que el sistema tendrá para abordar el saneamiento oscila entre este y el próximo ejercicio. En principio, el objetivo del Gobierno era cerrarlo todo antes de que acabe 2012, pero en el sector mantienen que el calendario para aquellos que opten por meterse en la segunda ola de fusiones contarán con 2013 también para alcanzar la cobertura exigida en los activos inmobiliarios.

- Las integraciones como salida. Pocas son las entidades que podrán afrontar las duras condiciones a base solo de sus cuentas. Y teóricamente los recursos propios del sector solo se pueden derivar al ajuste de activos en caso de que haya una fusión. De ahí que el saneamiento dispare seguro otra ronda de fusiones, que, además, en el Gobierno se contempla como irrenunciable para consolidar el mapa financiero español. Eso de "menos bancos, pero más solventes", capaces, supuestamente, de aflorar la financiación a empresas y familias para fomentar la recuperación.

- Dinero del Estado con condiciones. La gran novedad de las últimas horas, probablemente ante la cuesta arriba que, incluso con integraciones, suponían esos 50.000 millones en el sector es la puerta abierta a recurrir al FROB como apoyo. Pero nada de compra de acciones como ocurrió a partir del decreto de solvencia impulsado por la anterior responsable de Economía, Elena Salgado, y que desembocó en la nacionalización de Novagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim. Su sucesor, De Guindos, quiere volver a los préstamos originarios con los que nació el fondo, aunque con ciertas particularidades que todavía se desconocen. El tipo de interés volvería rondar el 8%. Y siempre con la condición de que la ayuda se destine a un proceso de integración.

- Las necesidades. Al margen de la cifra global desvelada por el ministro, los únicos datos con cierta cercanía al sector sobre las necesidades individualizadas vienen del servicio de estudios de BBVA, al que por cierto se le coloca como actor principal en esa segunda ola de fusiones. Sus expertos cifran en 1.600 millones de euros el extra de Novagalicia para cumplir con la limpieza, lo que se llevaría seis años completos de sus resultados. BBVA lo da por imposible, habla incluso de una subasta y se hacía eco en ese reciente informe del interés reflejado en prensa por el Santander, con un déficit de 4.600 millones, en hacerse con la entidad gallega. La unión de Popular y Pastor requeriría unos 5.100 millones; Bankia, más de 7.400; BBVA, unos 3.100; Caixabank hasta 3.400 millones; 1.021 Unnim; y 2.390 la tercera nacionalizada, CatalunyaCaixa.

- ¿Cuándo? Mariano Rajoy confirmó antes de la participación en su primera cumbre europea que la reforma se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana. Pero es que ayer varias fuentes daban por hecho que la presentación oficial de las medidas podría ser hoy, al propio sector o incluso a la opinión pública.